3. PODER Y NEGOCIOS

Negocios de familias

«Ahora veremos claramente que los negocios que se habían hecho a la sombra del poder durante décadas no eran en beneficio de Convergència, sino de unos cuantos. Aquí se han hecho fortunas pero nunca para el partido, sino para bolsillos particulares». Quien pronuncia la frase a finales de 2014 es un muy alto cargo de CDC, en la sede del partido, en una conversación privada. El asunto de Jordi Pujol y las cuentas de la familia en Andorra ya había explotado en toda su magnitud y en Convergència había cundido el pánico. De hecho, Artur Mas lleva más de dos años intentando poner terreno entre él y la familia Pujol. «Cada vez que oye el nombre Pujol, le entra un ataque de ansiedad y le dan espasmos». Así escenifica el alto cargo convergente la actitud del presidente de la Generalitat, que fue, precisamente, aupado al poder por el círculo de dirigentes soberanistas que controlaba Jordi Pujol Ferrusola.

Pero lo cierto es que alrededor de la Administración de Jordi Pujol siempre sobrevolaron los intereses personales de la cúpula convergente y, esencialmente, del clan Pujol. Bajo la costra oficial, había una Cataluña oculta que se plegaba a los intereses de un puñado de privilegiados que manejaban los hilos del poder político y administrativo. El entorno de Jordi Pujol comenzó entonces a hacerse de oro.

Una de las grandes decisiones del president en los años ochenta fue la creación de las loterías catalanas y la adjudicación de los casinos. Para llevar la dirección general del juego, denominada Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA), Jordi Pujol i Soley puso a Carles Vilarrubí, un hombre del partido que le había hecho de chofer durante muchos años, llevándole en un utilitario hasta los últimos confines de Cataluña. Vilarrubí era, además, amigo de los hijos y, con el tiempo, acabaría haciendo negocios con Jordi Pujol Ferrusola y convirtiéndose en un potentado. Tras su etapa en la Administración, Vilarrubí aceptó la oferta de Javier de la Rosa para ser consejero delegado de Tibigardens, la empresa germen de la futura Port Aventura. Fue un consejero delegado relámpago. Llegó en abril de 1992 y se fue en octubre del mismo año. El día que dimitió, la Generalitat había concedido un aval de 1.000 millones de pesetas a la promotora del parque y Javier de la Rosa pretendía traspasarlo inmediatamente a una de sus sociedades. Vilarrubí le alertó de que eso era irregular y, en todo caso, quien debería gastarlo era la propia empresa que lo había recibido para sus necesidades. Desde la Generalitat se insistió siempre en que Vilarrubí aceptó el cargo en Grand Tibidabo porque antes había hablado con Jordi Pujol. Es más, sus amigos juran que recibió la orden personal del president de estar al lado de De la Rosa, vigilarlo y pasar información a Jordi Pujol. ¡Y vaya si cumplió su cometido! La misión fue todo un éxito. Y Pujol lo premió años más tarde: tras los Pactos del Majestic, Vilarrubí fue el hombre que la Generalitat puso en los consejos de Telefónica —presidida por Juan Villalonga, el amigo de José María Aznar— y Antena 3 TV.

Pero lo importante en los primeros pasos de la Administración catalana fue la adjudicación de las loterías, que se otorgan a Artur Suqué. Un cargo importante de CDC en aquellos tiempos rememora la coyuntura. «Suqué había sido compañero de clase de Jordi Pujol y, además, era de la alta sociedad. Tenía una empresa de corte de acero que le iba muy bien, además de ser consejero de Bull. Su esposa también era de la elite y tenía el Castillo de Peralada, lo que les hacía perfectos para dominar un sector que querían que fuese muy elitista. De hecho, la propiedad del castillo fue determinante». Lo cierto es que a Artur Suqué le hicieron presidente de Casinos de Cataluña y esta, a su vez, creó Luditec, una empresa en la que confluyen intereses de sociedades radicadas en Canadá, en Irlanda y en paraísos fiscales de las Islas del Canal. Luditec ganó finalmente el concurso de explotación de los tres casinos catalanes.

En el momento de esta adjudicación, Jordi Pujol tenía sobre su mesa un exhaustivo informe sobre la empresa adjudicataria y en el mismo se explicaba que Paul Baron, el especialista contratado por Suqué para poner en marcha los casinos, era, según La Vanguardia con fecha 22 de mayo de 1988, hijastro de Marcel Francesci, uno de los jefes de la mafia corsa. Pero desde la Generalitat se consideró que esta mafia tenía pocas posibilidades de penetrar en el acorazado tejido de los negocios catalanes.

Cuando Sellarès realizó su informe sobre el sector de los negocios no se conocía todavía en su magnitud la intrincada maraña de intereses crematísticos que se había tejido alrededor de la Generalitat: un grupo de empresarios amigos del clan Pujol —en muchos casos, socios de los hijos del presidente o, cuando menos, colaboradores— se estaba haciendo de oro. De ahí que aquel informe fuese solo preliminar. De hecho, ni siquiera mencionaba que la CARIC había dado 1.468 millones de pesetas hasta el año 1988 en créditos políticos o créditos negros incobrables. En toda la década, esa cifra aumentó hasta dejar un agujero de 2.066 millones de pesetas, o sea, un 32 por ciento del capital avalado. Y esos créditos eran controlados por Lluís Prenafeta, que no dejaba ni siquiera al consejero de Industria esa potestad. En Industria se había instalado, en los últimos años ochenta, Joan Hortalà, que en los noventa recaló como eterno presidente de la Bolsa de Barcelona, de donde nadie parece querer desalojarle.

En el informe, evidentemente, figuraban el propio Prenafeta y Macià Alavedra, que siendo consejero de Industria tenía los únicos contadores de luz homologados por el gobierno catalán. Alavedra había creado la sociedad Metrega juntamente con Josep Garrell, diputado de CiU. El primero era propietario de Metrelec y el segundo, de EGA. Como consecuencia, fundaron Metrega. Garrell fue también asesor del consejo de administración de la televisión y la radio públicas de la Generalitat y no pagó un aval de 111,5 millones de pesetas que le había dado la Generalitat. En Metrega, Alavedra tenía como representante a Alejandro Bosch Mata, a quien también tenía en el consejo de Metrelec. La mujer de Bosch era, a su vez, socia de Marta Ferrusola en una floristería que esta tenía en la calle Balmes de Barcelona.

Otro de los exponentes de los grandes negocios era Antoni Subirà, que fue consejero de Industria y estaba casado con una prima hermana de Jordi Pujol i Soley. Subirà había sido portavoz parlamentario de CiU en la década de los ochenta y más tarde estuvo en el centro de varias polémicas por sus negocios privados. El 26 de noviembre de 1981, Subirà creaba una compañía que daría que hablar: Fundació Catalana de Comunicació, que más tarde acogería en su seno a Cadena 13. A su lado estaban el expresidente del FC Barcelona y senador de CiU Agustí Montal; el también senador Jaume Casademont; un histórico del nacionalismo y cofundador de Convergència como Josep Espar Ticó, y Maria Àngels Vallvé, agente de cambio y bolsa y esposa de Joan Hortalà. La Fundación fue el germen para crear un pool de medios de comunicación al servicio de CDC, articulados en torno a Radio 13. Subirà estuvo posteriormente en Radio Avui y creó Productora Catalana de Tele-Vídeo, compañía que compró el antiguo Hotel Florida, en la falda del Tibidabo, para grabar en él programas. Una vez hecha la operación, Subirà alquiló las instalaciones a TV3 hasta que el edificio de Sant Joan Despí de la televisión catalana pudo acoger al personal de la misma. Por si fuera poco, dos compañías de Subirà, Puntextil y Subirà & Cía, recibieron 65 millones de pesetas en avales que nunca fueron devueltos.

El principal crédito de Subirà fue abonado, curiosamente, en noviembre de 1989 por la empresa Inversiones y Negocios Inmobiliarios, propiedad de Felip Massot, uno de los financieros del régimen y a quien la policía señala ahora como uno de los testaferros de Artur Mas. Subirà estaba a punto de ser nombrado consejero de Industria, pero ¿quién era el guapo que le nombraba si tenía una deuda millonaria impagada que provocaría un escándalo sin precedentes, teniendo en cuenta además que era familiar del presidente de la Generalitat? Massot también adquirió unos terrenos cerca del aeropuerto de Barcelona, en el polígono Mas Blau. Eran unas tierras baldías que en septiembre de 1990 fueron recalificadas por Industria y multiplicaron su valor. Pues bien: ese era el empresario que unos meses antes había pagado la deuda del consejero que después le recalificaba las parcelas de Mas Blau. ¿Hubo un nuevo trato de favor de la familia Pujol a uno de sus empresarios mimados?

Hubo investigación judicial del asunto. El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, José Manuel Soler, emitió un auto el 25 de noviembre de 1994 inhibiéndose del caso, porque consideraba que había indicios de cohecho y pasaba el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que había una persona aforada, que era el consejero Subirà. El escueto auto reconocía que Subirà & Cía debía 57,6 millones de pesetas a la Generalitat, procedentes de avales concedidos por la desaparecida Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), luego sustituida por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). En vísperas del nombramiento de Subirà como consejero, la deuda fue saldada, ingresando el dinero Ramon Torrellas, cuñado de Subirà, mediante una sociedad inactiva llamada Fricosa. El dinero, no obstante, procedía de las cuentas de la compañía Inversiones y Negocios Inmobiliarios, administrada por Felip Massot. El informe policial relacionaba la posterior recalificación de los terrenos con el pago de la deuda. Además, Subirà pretendió luego, aunque esta vez sin éxito, que la Feria de Barcelona se asentase en los terrenos adquiridos por Massot. El TSJC acabó archivando el caso en 1996. El auto no deja lugar a dudas:

Aportación por Felipe Massot de una cantidad muy importante de dinero, la entrega se hace con la finalidad de ser destinada al pago de una deuda que Subirà y Cía. tenía con la Generalitat, la operación se realiza pocos días antes de ser designado el señor Subirà como consejero de Industria; el mencionado tenía conocimiento de la operación; el señor Subirà en su función de consejero desplegó un singular interés en que la ampliación de la Fira de Barcelona, se instalase en Mas Blau II [la propiedad que había comprado Massot], para lo que era preciso un cambio en la normativa urbanística de la zona a cuyo fin tomó la iniciativa y contribuyó con la influencia de su cargo político (...) y como consecuencia del cambio, se ha producido una notable revalorización de los terrenos, lo que ha supuesto un indudable beneficio para el patrimonio del señor Massot.

El auto subrayaba que «los hechos permiten formular conjeturas en relación con la devolución de un favor. Pero las conjeturas, o suposiciones, no son bastante procesalmente para sentar una conclusión penal». Y concluía: «Después de sopesar, considera que no hay base suficiente para formar una completa convicción de la existencia del delito. El pudiera ser o es posible y demás apreciaciones similares están impregnadas de una incertidumbre y una inseguridad incompatibles con una atribución penal fundada». Pero con la serenidad que da el paso del tiempo, se perfila perfectamente la imagen de que los intereses del reducido núcleo de amigos del poder se habían enseñoreado de las prebendas oficiales.

La sociovergencia económica

En los años ochenta, recién llegado Jordi Pujol al poder y en pleno auge de la nueva clase empresarial catalana germinada gracias a las adjudicaciones públicas, había también otra clase directamente vinculada a la Administración que comenzaba a despuntar. Un joven prometedor, Pere Esteve, era un auténtico emprendedor. Años después llegaría a ser secretario general de CDC, de donde salió descontento de los pactos con el PP para crear su propia plataforma, Catalunya 2003, cercana a ERC. En las elecciones autonómicas de finales de ese año, se presentó coaligado con los republicanos y, en el primer gobierno del tripartito, fue nombrado por Pasqual Maragall consejero de Industria, Turismo y Consumo, aunque dimitió en 2004 por problemas de salud. Murió el 10 de junio del 2005.

Esteve ya sabía hacer negocios en los ochenta, cuando se arrimó a la familia Pujol siendo solo un simple concejal en la cercana localidad de Tiana, donde residió toda su vida. Un alto cargo de la Convergència de entonces relata que en la década de los ochenta, las auditorías de la Generalitat iban a parar a una empresa en la que tenía intereses Pere Esteve y en la que le daba trabajo a Josep Pujol Ferrusola. «Pere llegó a JPF a través de su hermano Josep», asegura el exdirigente convergente. De todos modos, Josep encontró su propio camino de hacer dinero en los noventa, con la creación de Europraxis, que en el año 2001 vendió a Indra por una millonada.

El 20 de diciembre de 1988 Esteve crea una empresa que se llama Promoció i Captació de Negocis S. A.. Su nombre lo dice todo. Y su objeto social lo ratificaba: mediación en toda clase de negocios de terceros, el asesoramiento profesional a inversionistas, la promoción, lanzamiento y consolidación de empresas y negocios y la dedicación, como profesionales, a «consultores» de todas las actividades. Todo así de textual. Más reveladores eran los nombres que aparecían detrás de esta sociedad: Pere Esteve, Carles Torrent Macau, Francesc Espadero Roda y Jordi Griera Roig. Un año más tarde se sumaba como accionista Jordi Fornos Assens. La compañía comienza a operar desde el primer momento bajo la denominación de GFE Associats y durante una década larga estuvo trabajando para la Administración convergente, embolsándose decenas de millones de pesetas a través de contratos públicos y adjudicaciones más que sospechosas. A mediados de 1990 llega al capital de esta compañía la firma Servicios de Gestión Tecnológica, a la que representaba Juan Gummà Bargés. En esa fecha, cesa como administrador Carles Torrent y se nombra un consejo de administración por cinco años, con Juan Gummà de presidente, Juan Gummà Maragall como secretario y como vocales el propio Pere Esteve, Carles Torrent, Jaume Bassa, Francesc Espadero y Francisco Javier Tey Feliu de la Peña.

De repente, la sociovergencia que no era posible en la política se produce en el mundo de los negocios. Socialistas y convergentes estaban a palos en la Administración, pero se cogían de la mano para llevar el dinero al banco. Los Gummà estaban emparentados con el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, puesto que Juan Gummà Bargés estaba casado con una prima hermana del primer edil. Los negocios y adjudicaciones locales a la Corporació AGE, propiedad de esta familia, estaban dando que hablar en círculos políticos. Pero lo que nadie había previsto era que destacados dirigentes de Convergència se pudiesen aliar con personas directamente vinculadas a la cúpula socialista. La realidad siempre supera a la ficción.

A pesar de esa entrada del capital socialista en la empresa convergente, se le concedieron amplios poderes a Carles Torrent y poco después se amplían a Pere Esteve y Francesc Espadero, que les son revocados a finales de 1990. En el ejercicio siguiente, la compañía entra en pérdidas y se acuerda una ampliación de capital, que suscriben las sociedades Servicios Industriales Centralizados y Servicios de Gestión Tecnológica y, a nivel individual, Pere Esteve, Carles Torrent y Pere Aguirre Gili, que oficiaba como director general de la empresa.

Pero hay algo más curioso: el nombre de Carles Torrent apareció una década más tarde como el hombre clave del desvío de dinero desde el Palau de la Música hacia la Fundación Ramon Trias Fargas, luego rebautizada como Fundació CatDem. A partir de 1996, con Pere Esteve como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Torrent fue designado tesorero del partido y de la Fundación. El grupo de amigos había logrado copar el poder: Esteve en la dirección política y Torrent en la económica. Convergència estaba en sus manos, con el permiso de la familia Pujol. El tesorero firmaría luego un extraño convenio por el que el Palau de la Música pagaría a la fundación de CDC 630.554,82 euros para supuestamente gastar en actividades de carácter cultural.

Lo que Pere Esteve hacía era asegurarse el control del flujo de dinero, ya que Torrent era un hombre de su entera confianza. De hecho, en mayo de 1988 Esteve y Torrent habían creado otra empresa junto a Marta Gironès Riera. Y se abría un nuevo misterio: Esteve, un valor en alza en CDC, junto a Torrent… y la cuñada de Jordi Pujol Ferrusola en una extraña sociedad. Se trataba de Servi Catalunya S. A., cuyo objeto social era la importación y exportación de mercancías de toda clase (sic), la intermediación en operaciones de comercio nacional e internacional y venta al por mayor y al detalle de mercancías de todo tipo (sic). Dos años más tarde, vendían la compañía.

Esteve ya tenía experiencia en alianzas «estratégicas». En 1986, había creado la compañía FARC, dedicada a la realización de estudios, junto a Jordi Pujol Ferrusola y a Lluïsa Mas. Su fino olfato le había llevado, paradójicamente, a aliarse con el «hijo del jefe», o sea, el hijo del hombre que más mandaba en Cataluña, y con la esposa del segundo hombre que más mandaba, es decir, de Lluís Prenafeta, entonces todopoderoso secretario general de la Presidencia. No había en esta estrategia azar ninguno, sino que todo era fruto de un plan milimétricamente trazado por el que acabaría llevando las riendas de Convergència diez años más tarde. En el consejo introdujo también a Jordi Griera, un ingeniero industrial metido en mil negocios, con el que también se alió en GFE Associats.

En 1989 los avispados negociantes vendieron la empresa FARC a Control y Aplicaciones (CAE), que a partir de entonces comenzó a cosechar adjudicaciones. CAE había construido el búnker secreto de La Moncloa pero no acababa de penetrar en Cataluña, a pesar de que los Juegos Olímpicos estaban encima y había un suculento pastel de obra pública por repartir. Al tiempo que compraba FARC, abría sucursal en la Zona Franca de Barcelona y a la inauguración de esas instalaciones acudió, paradójicamente, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, a pesar de que la compañía apenas operaba en este territorio. A partir de ese momento, el volumen de sus contratos con la Administración autonómica creció exponencialmente: jamás había tenido contratos públicos y, en los tres años siguientes, facturó al gobierno catalán 550 millones de pesetas. Pero el precio de la venta de FARC fue siempre uno de los secretos mejor guardados.

Pere Esteve supo hacer negocios. En los años noventa, su empresa GFE Associats facturó decenas de millones de pesetas a la Generalitat en concepto de estudios de lo más diverso. Uno de los más caros fue un dossier de 1993 titulado «Proyecto de navegabilidad del río Ebro», que costó a las arcas públicas 5.926.875 pesetas. O sea, más de 35.600 euros de aquellos años. En 1994, el Departamento de Presidencia le concedió seis contratos por valor de 25 millones de pesetas. Eran estudios turísticos e industriales. Incluso se le encargó realizar otro sobre la viabilidad de un ateneo. Los siguientes años, la compañía de Esteve, del hijo de Pujol y del primo de Maragall siguió lucrándose impunemente con adjudicaciones de la Generalitat. El Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) le pagó más de 8,6 millones de pesetas en 1997 por hacer informes sobre el Plan de Ahorro del Agua. En el año 2000, GFE todavía facturó a Política Territorial y Obras Públicas casi 5 millones de pesetas por un solo informe. Esta consejería estaba entonces en manos de Felip Puig, compañero de colegio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano del socio de este en varias compañías. Un nuevo sector endogámico de los negocios acababa de aparecer para tomar el relevo de los anteriores.

La connivencia de la política con el poder fue mucho más profunda en la Cataluña del pujolismo desbocado y triunfante. El 18 de marzo de 1990 Miquel Sellarès publicaba un crítico artículo en el diario El País bajo el título «La acción ejemplarizante hacia Prenafeta», cuyo cese ya se había anunciado. En él, afirmaba:

Lluís Prenafeta no tiene importancia en sí mismo, sino por el hecho de que, a la sombra del poder y la credibilidad del presidente Pujol, ha tejido una tupida red de influencias, complicidades, miedos… y, claro está, intereses que le han permitido gozar de un poder impensable en su cargo de secretario general de la Presidencia.

El artículo tenía incluso rasgos clarividentes:

Desde hacía años, el militante de base de Convergència i Unió tenía que ver el protagonismo de este personaje y la mayoría de escándalos políticos que aparecían en la prensa y muchos de ellos se preguntaban si estaban colaborando a construir Cataluña o los intereses de determinados señores.

El peso pesado de Convergència justificaba claramente que se defenestrase a Prenafeta como secretario general de la Presidencia y se atrevía a plantar cara a su protector, Jordi Pujol:

Esperemos que este sea el principio de un cambio, de unas nuevas formas, donde la estrategia Prenafeta de la presión, el miedo o la compra de plumas y estómagos agradecidos o grandes campañas de marketing no sean la norma de actuación. No se trata únicamente del cambio de una persona, sino de generar en Cataluña un nuevo estilo para una nueva concepción de la política.

Sellarès se equivocó. Cambió la persona, pero no cambiaron las formas. Es más: se hicieron más sibilinas y el clan Pujol consolidó sus negocios a la sombra del patriarca durante los siguientes años.

Prenafeta salió de la Generalitat por la puerta de atrás. Pero salió a hombros. El propio Pujol lo sacó a hombros porque le debía mucho. Hay un episodio que pasó totalmente desapercibido y que es preciso recordar. El 11 de diciembre de 1987 la sociedad José Ferrusola cambia de nombre y pasa a llamarse Geset Afers. Esta compañía textil había sido constituida el 23 de marzo de 1972 por la familia Ferrusola Lladós, es decir, los suegros de Jordi Pujol i Soley, y sus tres hijos, Marta, José y Carmen María.

La crisis textil de los años ochenta hizo mella en su cuenta de resultados y en 1986 tuvo que reducir capital por pérdidas. Es entonces cuando la familia del escudero Prenafeta acude en auxilio de los Ferrusola. Los Prenafeta comienzan a inyectar dinero los siguientes años: primero, 25 millones, pero es insuficiente. El 3 de febrero de 1988, Tipel, el buque insignia de los Prenafeta, suscribe íntegramente un aumento de capital de 16 millones de pesetas, y el 19 de febrero siguiente suscribe casi íntegramente otro aumento de 37 millones, pero en esta ocasión a través de la compañía Negocios Asociados S. A. (Nasa). En diciembre de 1990, Tipel tiene que suscribir otra vez una ampliación de 100 millones, que compensa con cuatro créditos que le había dado a Geset Afers entre 1987 y 1989. De este modo, no desembolsó nada, pero dio por perdidos los créditos concedidos por esa cantidad. En septiembre de 1991 vuelve a suscribir otra ampliación de 300 millones de pesetas, compensados por créditos concedidos desde 1988 y por intereses acumulados.

En total, pues, los Prenafeta salvaron la compañía de la esposa del presidente catalán (en cuyo consejo de administración se sentaron Marta Ferrusola y su hijo Josep Pujol Ferrusola), inyectándole casi 450 millones de pesetas. Esta sangría hizo mella en el grupo peletero de los Prenafeta, la crisis del sector agravó la situación y la estrategia de internacionalización y expansión (llegó a comprar la gallega Picusa, que fue privatizada tras ser expropiada junto con el grupo Rumasa) fracasó estrepitosamente.

A finales de 1992, Pujol maniobra para salvar la compañía de su escudero y logra que un pool de empresarios se haga con el 24 por ciento de la peletera a través de Unitron Ibérica: los más conocidos son Pedro Olabarría y Carles Sumarroca, que ya se había convertido en uno de los mayores adjudicatarios de obra pública de la Generalitat. «Les pidieron desde el gobierno ayuda para que apoyasen a Tipel», rememora un empresario socio de Olabarría y que, como él, metió dinero y lo perdió en la aventura. A su consejo llegó también otro conocido convergente: Carles Vilarrubí, un hombre de confianza de Pujol. No fue suficiente. Ante la operación, los Prenafeta fusionaron Tipel con Picusa, con lo que el paquete de los advenedizos quedó reducido al 6 por ciento y la familia del Rasputín de la Generalitat pasó a controlar el 40 por ciento. El 5 de abril de 1994 Tipel presentaba suspensión de pagos, con un activo de 11.064 millones y un pasivo de 8.445 millones de pesetas. De ellos, casi 400 millones provenían de la Administración, de créditos pendientes de devolver. Curiosamente, la cantidad que Tipel había inyectado en Geset Afers la había recibido de la CARIC vía avales. El fiscal general del Estado había abierto diligencias, pero el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), organismo público del gobierno catalán, las obvió y concedió una línea de financiación de más de 1.000 millones de pesetas para que pudiese salvar sus plantas de Mora d’Ebre, en Tarragona, y de Padrón, en La Coruña. Finalmente, en abril de 1995, la peletera presentó expediente de quiebra.

La impunidad

Las ayudas públicas a empresas otorgadas a finales de los ochenta y principios de los noventa fueron articuladas a través de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), un organismo que concedía créditos con dudosos criterios. Jordi Pujol estaba actuando igual que lo había hecho con Banca Catalana. Cuentan los que trabajaron en la entidad bancaria que había determinados créditos en los que se anotaban unas siglas: PC; y eran indenegables. Se habían de otorgar obligatoriamente. En el argot interno del banco, las siglas significaban «Por Cataluña». De ahí que también fuesen conocidos como créditos patrióticos. Cuando la CARIC hacía lo mismo y regaba de millones los bolsillos de los amigos, también se hablaba de los créditos PC. Eran interpretados como los créditos que había que dar «por cojones».

La CARIC fue uno de los despropósitos más grandes del gobierno catalán que comenzó a construir Jordi Pujol en los años ochenta. Fue un instrumento para perder dinero. O mejor, para regalárselo a los amigos. Solo había que pedir un crédito y no pagar. Era un auténtico chollo. Su control estaba en Presidencia. Era el secretario general, Lluís Prenafeta, quien seguía con lupa el circuito del dinero. Prenafeta era el Rasputín de la Generalitat, el urdidor de complots y el «hombre malo» del gobierno. Los socialistas machacaron parlamentariamente al gobierno con la sospechosa gestión de la CARIC, pero jamás consiguieron nada. El Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona investigó el caso de los avales dudosos, archivándolo enseguida. El empresario Carlos Ódena Savall obligó a reabrirlo a finales de 1993. Con un PSOE en minoría, que gobernaba gracias al apoyo de Minoría Catalana, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, no mostró mucho interés. Hizo un flojo informe donde decía que no había delito en la gestión de los avales de la Generalitat, aunque detectaba «aromas de corrupción».

El 6 de enero de 2015, en un artículo de opinión titulado «Los “paraísos fiscales” pujolistas», el que fuera fiscal jefe de Cataluña y posteriormente fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se refería a la imputación realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta por corrupción, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El procesamiento había tenido lugar el 18 de diciembre de 2014. Recordaba Villarejo:

Durante el ejercicio de sus cargos públicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del Estado, del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubrió la presunta malversación de los fondos públicos de la CARIC que justificaba una persecución penal de Alavedra y once consejeros más. La realidad era más que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad —los llamados avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que finalmente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.

Villarejo obviaba, claro, que la doctrina fundamental del pujolismo se basa en el principio de que el fin justifica los medios. Decía Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, que el principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. Por ese camino comenzó a discurrir la gestión oficial del gobierno autonómico en 1980 y por ese cauce sigue discurriendo tres décadas y media después. Han cambiado las caras, pero no los modos.

El núcleo duro de Convergència es devoto del liberalismo predicado por Hayek, cuyas teorías se contraponían a las de John Maynard Keynes. Los prebostes convergentes, además, habían formado un lobby en torno al Grup Hayek, que celebraba frecuentes cenas y encuentros con los profetas de la nueva Convergència. Estos actos eran profusamente publicitados por el partido y en su estructura se colocaron dirigentes del mismo o de la Fundació Catalunya Oberta, el think tank de CDC para marcar la hoja de ruta soberanista.

Pero las teorías liberales de Hayek ya habían sido puestas en marcha mucho antes, aunque gravemente distorsionadas. La CARIC fue un instrumento para compensar a los empresarios del poder. Y las adjudicaciones servían, por su parte, para contentar a los «empresarios amigos». O sea, a los que no estaban en el poder pero lo apoyaban contra viento y marea, a los que sustentaban políticamente al régimen y a los que realizaban suculentas donaciones al partido, que luego les adjudicaba obra pública o servicios públicos. Ello dio como resultado la institucionalización de una forma de hacer que no era más que la prostitución de la Administración.

En este ambiente de decadencia ética, Prenafeta abandonó el gobierno en 1990. Tenía una hoja de ruta perfectamente trazada, que pasaba por crear un imperio empresarial trabado ideológicamente al nacionalismo, pero al servicio exclusivo de una figura: la de Jordi Pujol i Soley, al que comenzaba a verse como el padre de la patria. El fiscal jefe de Cataluña abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias, debido a su relación con las compañías Iberia de Seguros, con Barcelonesa de Obras y Contratos y con Consultoria d’Economia i Tributs. Además, un grupo de accionistas de Iberia había presentado una querella criminal contra el secretario general de Presidencia por compatibilizar este cargo con el de consejero de la aseguradora. La Audiencia de Barcelona acabó archivando la causa en el año 1993.

Con la salida del «escudero» de Pujol del núcleo duro de Presidencia, se abrió también otro capítulo en las relaciones de la familia Pujol con la Administración. Prenafeta se alió con Enric Bernat, el dueño de Chupa Chups, para comprar Iberia de Seguros. Su esposa, Lluïsa Mas, ya era socia de Bernat. Pero la intención era comprar el Consorcio Nacional del Leasing, un holding con activos de 30.000 millones de pesetas, sobre el que el financiero Javier de la Rosa, apodado JR, había puesto sus ojos. De la Rosa intermedió en aquella época para que la Generalitat comprase la sede de los Mossos d’Esquadra en el distrito del Poblenou de Barcelona, un edificio con aluminosis que le reportó una plusvalía de 800 millones de pesetas (del momento) al financiero en tan solo unos meses.

De la Rosa también intermedió para la venta del edificio a la Generalitat y así la propia sede de CNL pasó a ser la de la Consejería de Medio Ambiente. El gobierno catalán pagó una millonada, 4.200 millones de pesetas del momento, pero el verdadero negocio fue para la empresa que De la Rosa y su clan utilizaban para cobrar comisiones, Aciesa: se embolsó 400 millones de pesetas por la jeta. En estas y otras operaciones de JR, sin embargo, siempre quedarán dudas de si Jordi Pujol Ferrusola intermedió efectivamente y cobró su «mordida» particular para incrementar el patrimonio familiar, o si todo forma parte del universo paralelo que han querido crear como leyenda sus propios protagonistas. Francesc-Marc Álvaro lo explica con la suficiente dosis de ironía:

Historias imposibles de comprobar documentalmente hay muchas. Como aquella que se explica de alguien que tendría un gran parecido físico con Jordi Pujol Ferrusola y que habría aparecido oportunamente un día de 1994 en el preciso momento de la visita de unos altos cargos de la Generalitat a un edificio ubicado en la Via Augusta de Barcelona, propiedad en aquel momento de una gran compañía multinacional que vendía aquel inmueble a un departamento del gobierno interesado en unificar en un solo lugar todos los servicios que estaban separados en diversos pisos. Este alguien que —repetimos— se parecería físicamente al primogénito del presidente, se habría presentado como un intermediario a los directivos de la compañía multinacional que quería hacer la venta, obviamente con un nombre que no era el de Jordi Pujol Ferrusola. Mientras, algunos de los cargos de la Generalitat que asistían al encuentro estarían realmente sorprendidos por el gran parecido físico de este individuo con uno de los hijos de Pujol, un individuo que había hecho su aparición justo antes de cerrar el trato entre las partes, sin que nadie supiese quién y cómo le había avisado de aquella reunión oficial entre una institución y una empresa privada.

Ciertamente, no deja de ser sorprendente que nadie de los presentes le hubiese preguntado nada. Desde luego, si no hubiese sido quien todos sabían que era, seguramente le habrían echado a patadas. Parecidas historias, sin embargo, se cuentan de comisiones propiciadas por el entonces empresario ejemplar, Javier de la Rosa, para contentar al clan gobernante, aunque todos los relatos se basan exclusivamente en la especulación y nunca se pudo comprobar documentalmente si Jordi Pujol Ferrusola fue comisionista de De la Rosa.

El dinero que este sacó en la venta de la sede de CNL, sin embargo, fue directamente al despacho de Jordi Pujol. Eso fue lo que declaró el propio Javier de la Rosa. Y era para financiar el diario El Observador, que acababa de poner en marcha Lluís Prenafeta como uno de los pilares del holding pujolista que quería construir en Cataluña.

En esos años, Prenafeta juega todavía en primera división. Controla El Observador y es nombrado presidente de Petrocat y de Túnel del Cadí. Intenta entonces levantar un nuevo imperio con la ayuda de Jordi Pujol en el poder, pero al mismo tiempo diversificar sus negocios, asesorando a Bernat para que entrase en los mercados del Este o a empresas del cava para introducirse en Rusia. Todas las operaciones que emprendió con los emergentes mercados de la extinta URSS se convirtieron en un sonoro fracaso, hasta tal punto que abandonó incluso los intentos de recuperar las inversiones realizadas. Su contacto en Moscú le llegó a falsificar un diario oficial de la República de Rusia con una orden del ministro de Comercio, en la que le daba luz verde para poder comerciar con las mayores multinacionales rusas. Su intención era importar petróleo a España y cambiarlo por productos típicos de nuestro país. Evidentemente, tuvo que depositar cuantiosas sumas económicas para obtener el permiso de importación y exportación. Cuando le llegó por fax una copia del Diario Oficial, creyó tener resueltos todos sus problemas y realizó el último envío dinerario. A partir de entonces, sin embargo, comenzaron los verdaderos problemas y él empezó a intuir que le habían timado. Los negocios no salían y en una de las pocas ocasiones que pudo hablar con los conseguidores del Este, le invitaron a visitar Moscú para desencallar en persona las negociaciones. No se fio y jamás hizo ese viaje.

Pero también fue decisiva una truculenta historia que terminó con un delegado de los negocios de los empresarios catalanes con los que se había asociado —de una conocida marca de cava— arrojado al río Neva, en San Petersburgo. No había querido pagar a la mafia rusa el impuesto de protección y lo pagó con su vida. Ni Prenafeta ni ninguno de los otros empresarios pisaron luego esa ciudad, temiendo por su vida, y prefirieron olvidarse de las naves repletas de productos listos para vender en los mercados del Este. El Rasputín catalán tuvo que huir de la corte rusa con el rabo entre las piernas. Bye, bye, tovarich.

Prenafeta, que en 1999 optó por escribir sus memorias bajo el título A la sombra del poder, no contó nada de sus intentos de internacionalizar sus negocios ni de las aventuras en el Este, a lo Miguel Strogoff. Pero sí dejó escrito sobre Jordi Pujol que debería retirarse de manera digna de la política. Y se atrevía a pronosticar que «la historia lo dejará bien». Ironías del destino: años después, el lodo cubrió a Prenafeta al ser detenido en 2009 en el marco de la Operación Pretoria y Jordi Pujol emborronó su ficha política con la confesión de la evasión fiscal de su familia. La pareja más poderosa de Cataluña durante una década, la pareja más temida, se convirtió en juguetes rotos por la avaricia y por la deshonestidad.

Rasputín

Los libros autobiográficos suelen ser una gran mentira construida en torno a un inmenso ego incontrolado. La mentira se agranda y se justifica con especial intensidad si el autor es un político. Las autobiografías son, simplemente, una sesión psicoanalítica para descargar la propia culpa y reconciliarse con la conciencia de cada uno. No importa si lo que se dice es verdad o mentira. Solo se trata de presentar justificantes de conducta que puedan ser aceptados por el resto de la sociedad.

De ahí que Prenafeta, en A la sombra del poder, no relatase cómo desde los ochenta tejió una intrincada red de ingeniería financiera internacional a partir de cuentas secretas en Suiza, Andorra y Madeira. Los negocios en el Este lo dejaron en la ruina total. Su lujoso piso de la avenida Bonanova, en la zona noble de Barcelona, estaba embargado. Prenafeta, acuciado por las deudas, había tenido que dejar incluso sus despachos y fue su hijo quien le facilitó un habitáculo desde donde trabajar. Su restaurante favorito en la calle Londres, por donde iba a menudo, dejó de ser frecuentado por el otrora Rasputín del gobierno y comenzó a verse más visitado por acreedores que querían hablar con él frente a frente. Verle la cara. Durante un tiempo, Prenafeta se movía por Barcelona como un fantasma. Se intuía su mano, pero jamás delataba su presencia.

Se alió entonces con su excompañero de gobierno Macià Alavedra. Los contactos de este, que continuaría como hombre fuerte en el gabinete de Jordi Pujol hasta el año 1997, le podían facilitar muchos negocios. Y comenzó a hacer algunas operaciones con otro inquietante personaje: Luis García Pérez, alias Luigi. Exdiputado socialista, Luigi se movía por los despachos influyentes de la capital catalana como pez en el agua. A comienzos de la década de los ochenta, se había extendido la leyenda de que Luis García, junto a su compañero de escaño Xavier Guitart, había montado una «oficina» de negocios en la zona de Paseo de Gracia con Diagonal, desde donde podían conseguir prácticamente cualquier cosa. Se hablaba incluso de sus buenas relaciones con Juan Guerra, el «hermanísimo», hermano del vicepresidente del Gobierno español Alfonso Guerra y el primer gran pícaro de la Transición española. A Juan Guerra, cuenta la leyenda, lo visitaban en Sevilla y con él comían en La Dorada de aquella ciudad.

Guitart se alejó pronto de Luigi, que siguió por su cuenta detectando negocios o proponiendo operaciones en muchos casos sospechosas. El carácter de Luis García era muy similar al de Jordi Pujol Ferrusola. Ambos eran jóvenes impetuosos, descarados y maleducados, que asistían con ínfulas de superioridad a reuniones con empresarios que tenían planes de negocios y les cobraban las comisiones que consideraban convenientes por ayudarles en ellos. Ese porcentaje dependía del tipo de negocio o, a veces, de quiénes fueran los «clientes».

Prenafeta no participaba en esas negociaciones. Pero supo sacarle provecho a su relación. Cuando fue detenido en 2009 en el marco de la Operación Pretoria, se descubrieron sus «pecados». El fiscal cifra en 14.984.865,58 euros el capital escondido por Prenafeta en el extranjero, «de los cuales 637.890,08 provenían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas ejecutadas en las localidades de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona; 4.639.266,98 euros, de pagos recibidos por las labores de intermediación prestadas a Siemens dentro del ámbito privado; y 8.611.830,03 euros procedían de pagos realizados en última instancia por la multinacional Alstom, a través de la empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas Marven Development Ltd., por labores de asesoramiento en el ámbito privado, desconociéndose el origen del resto del dinero percibido».

Prenafeta, aseguraba el fiscal, se sirvió de «un complejo entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios offshore y por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas y suizas». El dinero evadido lo empleó en adquirir productos financieros y en comprar obras de arte. En su casa barcelonesa, por ejemplo, se incautaron cuadros por valor de 335.825 euros. Por todo ello, el fiscal solicitó casi siete años de cárcel y cuantiosas multas. Pero nada de eso salía en su autobiografía.

El Rasputín de la Generalitat centró su imperio exterior en la empresa Madeira Management, dedicada a la constitución de estructuras fiduciarias en territorios offshore. A través de ella, constituyó Buic Trading Marketing de Consultadoria Lda en el año 1999. Como socios de esta figuraban también otras sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y de las Islas Seychelles: se trataba de Trustees Internacional Ltd. y de Island Internacional Investments Ltd., con lo que el rastro de la verdadera propiedad quedaba más diluido. Al frente de Buic, Prenafeta puso a un fiduciario de su confianza, Giorgio Locatelli, que nada tiene que ver con el prestigioso chef Michelin londinense. Uno tiene la cocina en la alta sociedad y los fogones del otro están en las alcantarillas de la economía.

A través de las cuentas puente de Buic en Andorra y Suiza, hizo llegar dinero negro a las otras cuentas que abrió a nombre propio o de su esposa. El relato fiscal habla de que Prenafeta ingresó durante siete años casi 11 millones de euros en una cuenta de la Banca Privata Edmond de Rothschild de Lugano, operativa hasta el año 2004. Pero también tenía otra en Andbank de Andorra, casi 200.000 euros, y en el Banc Sabadell de Andorra, por donde pasaron más de 2,7 millones de euros solo durante los años 2004 y 2005.

Prenafeta tenía también dos cuentas personales en Andbank de Andorra (en las que su esposa tenía también autorización), una en Banc Sabadell de este país, conjunta con su esposa, y una cuarta cuenta en esta última entidad a nombre de Lluïsa Mas, pero en la que él figuraba también como autorizado. Esta última estuvo operativa hasta 2008, con un saldo de más de 400.000 euros.

Oficialmente, Siemens le ingresó varios millones de euros en las cuentas de Buic de Suiza y Andorra, en virtud de un contrato firmado el 7 de septiembre de 2001 para que le consiguiera «la adjudicación por Gas Natural SDG S. A. de la construcción de una central eléctrica en la localidad de Arrúbal, que finalmente Siemens obtuvo en el año 2002». Según el fiscal, jamás pudo concretarse si esa adjudicación se logró gracias a la participación de Prenafeta, pero «Siemens avaló como satisfactoria su intervención». Siemens pudo quedarse satisfecha, pero, en realidad, la compañía española construyó la central por unos 400 millones de euros y la vendió a la norteamericana Contourglobal en el 2001 por solo 313 millones. O sea, con unas evidentes pérdidas. Eso sí, para redondear la operación, financió a la compradora 258 millones de euros cobrándole un interés anual de mercado.

Desde sus cuentas de Andorra, Prenafeta había enviado dinero a Buic, pero luego ese dinero continuaba camino y acababa en una cuenta del banco PKB de Ginebra (Suiza) a nombre de la compañía Marven. A esta cuenta, precisamente, también enviaba dinero Macià Alavedra, que a su vez firmó un contrato con el fiduciario de Prenafeta para formalizar la constitución de la sociedad Celeri Consultadoria e Marketing en Madeira.

Otro «listillo» en palacio

Macià Alavedra es hijo del poeta Joan Alavedra y durante años ofició como uno de los privilegiados beneficiarios de la Administración catalana. Fue consejero de Gobernación de la Generalitat en los años ochenta, pasó a Industria y, finalmente, ejerció como consejero de Economía entre 1989 y 1997, cargo en el que le sustituyó Artur Mas. O sea, durante casi una década fue el hombre fuerte del gobierno e incluso su nombre sonó en alguna ocasión para sustituir a Jordi Pujol. En los noventa, el poderoso consejero de Economía fue el pararrayos de Pujol. Tuvo que encargarse de los temas delicados del gobierno. Por ejemplo, era quien debía recibir las quejas del financiero Javier de la Rosa, que, dolido, veía cómo su antaño amigo Jordi Pujol le dejaba a los pies de los caballos.

Tuvo también que desactivar un monumental escándalo económico en torno a un grupo de empresas denominado Grup de Consellers Financers, donde aparecían varios prohombres de Convergència e incluso el exconsejero de Industria Vicenç Oller. Alavedra recibía varios días a la semana en su despacho al hombre de paja que el partido había puesto al frente. Era la época en que una grabación de cinco horas al director del Banco Zaragozano —realizada en el reservado de una marisquería de Barcelona— estuvo a punto de provocar otro monumental escándalo político. No era para menos: el director en cuestión hablaba abundantemente de la mayor caja de seguridad del banco, de su contenido y de las llamadas que recibía de los políticos más importantes de Cataluña. También era la época en que tuvo que lidiar con otro escándalo que le rozó: el caso del entonces magistrado Lluís Pascual Estevill, a quien citó en su domicilio particular, en la calle Río de Oro, para tratar de que no se metiese con el presidente de Fecsa, Luis Magaña.

—Tu obligación es controlar a Javier de la Rosa. No puede llegar hasta el president —fue la orden que recibió Alavedra desde Presidencia. El financiero acababa de salir de prisión y llamaba varias veces cada día al Palau.

El consejero cumplió. De la misma manera que cumplió al lidiar con el escándalo BFP, que acabó con la detención de Jordi Planasdemunt, consejero de Economía hasta 1983. Este había creado, junto a Joan Bassols y el empresario Salvador Forcadell, la sociedad BFP (empresa cuyo nombre estaba formado por las iniciales de los apellidos de los tres socios), que se dedicó a emitir pagarés falsos. Desde su cargo de director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público que dependía precisamente de Economía, Planasdemunt se había dedicado a conceder avales a las empresas implicadas en la trama que había creado con sus otros dos socios. A pesar de la cercanía de Planasdemunt a Alavedra, este salió airoso del trance y no se vio salpicado por el escándalo.

Alavedra, sin embargo, siempre fue un listillo. En 1988, cuando era consejero de Industria, los únicos contadores de luz homologados por la Generalitat eran, precisamente, los de su compañía, Metrega, una empresa nacida de la fusión de la suya propia, Metrelec, y de Ega, de Esteban Garrell, prohombre y diputado de Convergència y beneficiario de un crédito de la CARIC que nunca devolvió. Pero no solo eso: siendo consejero, seguía siendo al mismo tiempo administrador de la sociedad.

Desde que abandonó la Generalitat, se dedicó en cuerpo y alma a hacer negocios en la empresa privada. La leyenda ya dice que durante su etapa como político había empresarios que sentían la imperiosa necesidad de comprar cuadros de la pintora Doris Malfeito, la esposa de Alavedra. Y las malas lenguas decían que el mayor coleccionista de obras de arte de Doris era John Rosillo, el factótum de Kepro, promotor del centro comercial de Diagonal Mar, el mayor de Europa en su época. Rosillo fue juzgado y condenado por varios delitos, entre otros, homicidio y fraude, antes de huir a Panamá, donde murió en extrañas circunstancias hace unos años. El fugado era íntimo amigo de los hijos de Pujol, y Josep Pujol Ferrusola pasó parte de su luna de miel en el rancho que el empresario tenía en Texas. Entre sus relaciones con
la familia y su amor por el arte de Malfeito, nunca tuvo problemas con la
Generalitat. Aun así, la Justicia lo cazó.

Los negocios de Alavedra, sin embargo, siempre fueron hacia arriba, hasta que en el año 2009, cuando fue detenido, cayeron en picado. El fiscal asegura que, desde 1997 a 2008, el exconsejero de Economía «percibió por su actividad ilícita» al menos 6.080.405,41 euros, de los que más de 637.000, como se ha dicho, «derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de San Andreu de Llavaneres y Badalona». Otros 290.000 euros le fueron pagados por Gas Natural y 288.000 euros más se los entregó la empresa Buic, de Lluís Prenafeta.

«Para conseguir su opacidad, así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento, utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito —contra la que no se dirige acusación al haber fallecido— y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip McMahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios offshore, así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos», relata el fiscal, que le pidió casi siete años de cárcel y multas millonarias.

Para ocultar su fortuna, el antiguo consejero catalán se sirvió de varios métodos. El primero de ellos fue esconder el dinero en un fondo de las Islas Caimán. El relato fiscal es contundente: «Macià Alavedra utilizó una sociedad instrumental domiciliada en Liechtenstein, Vernet Foundation, para ocultar parte de sus ilícitas ganancias, aflorando tres millones de dólares en el año 1997 y más de un millón de dólares en 1998 mediante la adquisición de un fondo denominado Fondo Premier Fund LP, domiciliado en las Islas Caimán y gestionado por la entidad norteamericana William Miller & Co. Inc».

En diciembre de 2001 transmitió estas participaciones a su mujer y en marzo del 2006 llevó el dinero a Andorra, donde lo repartió en tres cuentas bancarias que abrió en el país pirenaico a nombre de Doris Malfeito. Según los movimientos de cuentas, durante los meses siguientes, la pintora se dedicó a invertir en acciones. La cuenta 1W5068 del Banco Crèdit Andorrà tenía, el 18 de abril del 2006, un saldo positivo de 2.480.000 euros. El 24 de aquel mes, el saldo se quedó en 109.686,34 euros. O sea: había invertido 2.470.303,66 euros. ¿Dónde? Muy sencillo: unos 257.000 euros en Telefónica; casi 240.000 euros en Deutsche Telecom; más de 236.000 euros en Arcelor; más de 146.000 euros en Sogecable; 139.999 euros en Mapfre; 87.000 euros en Acerinox; 68.000 euros en e.on; 75.000 euros en Samsung; y casi 40.000 euros en Prisa. Durante esos años, las compras y ventas de acciones del matrimonio fueron vertiginosas. Una de las inversiones más curiosas fue la de acciones de ABN AMRO, que comenzó a comprar pero no a vender. Durante meses, atesoró paquetes accionariales del banco holandés, hasta que pasado medio año se hizo público el interés de Banco Santander por comprar esa entidad. Aun así, las ventas realizadas de acciones de ABN AMRO fueron mínimas, ya que era más tentador el previsible negocio de mantenerlas y, en todo caso, se podrían vender fácilmente si algún dato alertaba del hundimiento del valor.

Alavedra también ocultó a Hacienda que su empresa Vernet Foundation abrió una cuenta en el Liechtensteinische Landesbank AG, en Vaduz, la capital del pequeño principado centroeuropeo. Allí depositó 18.500 euros en 1997 y envió otras dos remesas de 112.000 y de 24.000 euros al año siguiente. A partir del año 2000, adquirió a través de esta sociedad las acciones de otra empresa panameña denominada Vernet Investment Inc, en la que ingresó más de 236.000 euros no declarados al fisco. Y a través de la panameña escamoteó al fisco español otros 22.000 euros en 2001. «En definitiva, el total de las ganancias que ocultó entre los años 1997 y 2001 sirviéndose de la sociedad instrumental Vernet Foundation ascendió a 3.971.207,15 euros», determinó el Ministerio Fiscal.

En Andorra, el exconsejero de Pujol no solo contaba con las tres cuentas de Doris Malfeito, sino con otras tres a nombre de Gloria Torres («con quien mantenía una fluida relación personal», especifican los informes oficiales). En las cuentas de esta amiga, Alavedra escondió otros 1,2 millones de euros. Una de estas cuentas se nutrió exclusivamente de fondos recibidos a través de una transferencia de más de 260.000 euros, ordenada en diciembre de 2006 por Gloria Torres. La cuenta de origen era de la Banca Privata Edmond de Rotschild de Ginebra. La cuenta, conocida con el nombre clave de Brega, había sido abierta en enero de 1996, cuando Alavedra era todavía consejero de Economía, y cerrada en diciembre de 2006, tras pasar los fondos a Andorra. Otra de las cuentas recibió tres transferencias: una de ellas, de 298.000 euros, llegó desde la cuenta suiza Brega. Las otras dos, de 200.000 y 500.000 euros, fueron realizadas por la compañía andorrana Auge i Gracia Patrimoni. Todos estos fondos fueron invertidos en activos y productos financieros y trasladados, en el año 2007, a otra cuenta de Andorra.

A partir de ese momento, Macià Alavedra volvió a dirigir la mirada hacia los paraísos fiscales del trópico. Merece la pena prestar atención a las afirmaciones de la acusación pública: «Durante el año 2008, a través de una compleja estructura fiduciaria integrada por sociedades constituidas en Belice, Nueva Zelanda y Nueva York, fondos por importe de 290.337,69 euros». Aquí se lucraron tanto Alavedra como sus socios en la empresa Contagas, Enrique Escassi y Jorge Presas: Gas Natural contrató a esta compañía como asesora en un proyecto de explotación de gas en Angola. Y ellos exigieron los pagos a través de Contagas International Ltd.: un total de 2.710.000 dólares, según cuenta el fiscal. Una vez cobrado el dinero, en vez de declararlo al fisco, fue transferido
a una sociedad instrumental norteamericana, Jewell Ventures LLC, que, a
su vez, envió un millón de dólares a Rosecity Limited. El resto del dinero lo repartió entre los tres socios de Contagas «y un cuarto beneficiario cuya identidad se desconoce, aunque muy probablemente se trató del socio de todos ellos en la sociedad portuguesa Contagas Portugal Equipamentos e Tecnologias Lda, siendo la cantidad que le correspondió a Macià Alavedra en este reparto 290.337,69 euros (456.939,27 dólares)».

Para mantener la opacidad de la operación, asegura también el informe del Ministerio Público, se utilizó la sociedad Ibero Services, domiciliada en Belice, a través de la cual el exconsejero catalán invirtió su parte «en fondos depositados en una de las entidades filiales del grupo portugués Millennium BC —en concreto en su filial en las Islas Caimán Millennium BCP Bank & Trust—, destinándolos a la adquisición de un depósito a plazo fijo y diversos productos estructurados». Jewell Ventures estaba participada por cuatro sociedades instrumentales, una de ellas Ibero Services. El propio Alavedra solía utilizar una tarjeta American Express a nombre de esta sociedad, que a su vez estaba participada por la neozelandesa Webeck, propiedad de Macià Alavedra. En resumen, el antiguo prohombre de Convergència había montado una delirante estructura financiera a través de todo el planeta para distraer fondos al fisco.

El informe aclara, no obstante, que «si bien estos fondos no fueron incluidos por Macià Alavedra en su declaración del IRPF correspondiente al año 2008, el 17 de diciembre de 2009 —una vez incoadas las presentes diligencias previas— presentó una declaración complementaria de la anterior aflorándolos». Era verdad: aquel ejercicio, el exconsejero había pedido una devolución de 35.549,40 euros al fisco, pero con la complementaria acabó pagando 124.862,54.

Los pecados de Alavedra, no obstante, vienen de cuando era consejero y evasor, todo al mismo tiempo. A principios de los noventa, Francesc Cabana, cuñado de Jordi Pujol y exdirectivo de Banca Catalana, le presentó en un restaurante a Philip Bolich, un estadounidense residente en Andorra. Bolich había trabajado también para Banca Catalana a las órdenes de Cabana. A principios de los sesenta, había comenzado a trabajar para el Inter-American Development Bank en Washington. Luego pasó por Morgan Guaranty Troust (antigua J. P. Morgan) en Nueva York, por Lehman Brothers en la misma ciudad y por Dillon Read en América y Londres. En 1975, abrió una oficina comercial en la capital británica con el fin de captar clientes para Banca Catalana y para Banco Industrial de Cataluña. Solo pasaba por Barcelona una vez al mes, hasta que decidió trasladarse a esta ciudad e integrarse dentro del equipo de las citadas entidades, como responsable del departamento internacional del grupo. Eso le sirvió para tejer una importantísima red de conexiones.

Aquella comida fue fructífera. En 1992 Alavedra le pidió consejo para invertir 246.180.473 pesetas, es decir, casi 1,5 millones de euros. Y se abandonó en sus brazos. Bolich, que había trabajado también en Lombard Odier, en Suiza, encontró la solución: el dinero se colocó en una cuenta del paraíso fiscal a nombre de Doris Malfeito en el Crédit Suisse, aunque luego lo cambió a la Banque Rothschild. Cuando las cuentas de Bolich fueron intervenidas como consecuencia de la Operación Pretoria y le dejaron sin un euro, el asesor financiero escribió una detallada carta a la juez a través de su abogada, explicando paso por paso su relación con Macià Alavedra. Luego, se pondría en contacto con la policía española para ofrecer su colaboración a cambio de que le desbloqueasen las cuentas. «El hecho de que los dineros estuviesen a nombre de la esposa era algo corriente, una forma de que el consorte que no realizaba actividades empresariales dispusiese de su propio patrimonio... una forma de garantizar que a la muerte del marido (los hombres suelen morir antes que las mujeres) la viuda no tuviese problemas de disposición mientras terminaba la testamentaria», decía la misiva que pretendía ser exculpatoria.

Desde 1996 a 2000, Bolich fue consejero de dirección de Banca Mora y pasó a trabajar muy estrechamente con Alavedra. Además de abrir las cuentas de su amiga Gloria Torres (en las que el propio Bolich figuraba como apoderado), creó para el matrimonio Alavedra-Malfeito una herramienta ad hoc para mover su dinero opacamente por el mundo: Premier Fund, con sede en las Islas Caimán. Al frente de este organismo puso a William Miller, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y exministro de Finanzas de Jimmy Carter. Era su amigo personal. Con ese fondo, movía el dinero de inversores no norteamericanos. El 74 por ciento del dinero que movió era de Doris Malfeito. Miller murió en 2006 y el fondo se disolvió, por lo que los 2.606.000 euros que la pintora tenía en él volaron de Caimán a Andorra.

En mayo del 2009, Alavedra invitó a comer a Bolich en el Castell Motel de La Seu d’Urgell, localidad leridana cercana a Andorra. El asesor esperaba una monumental bronca por la merma del dinero (en algunas inversiones se habían generado pérdidas), pero no fue así: el exconsejero de Pujol le pidió que retirase 300.000 euros de la cuenta de su esposa y que se los hiciese llegar a Barcelona.

En todo este entramado, Bolich se había convertido en una de las piezas fundamentales. El norteamericano había sido el principal asesor de las fortunas españolas que buscaban paraísos fiscales durante las décadas de los ochenta y noventa. Bolich fue el encargado de abrir todas las cuentas de la esposa y la amiga de Alavedra en Andorra y de mover los capitales. Acostumbrado a vivir cómodamente, tenía un mayordomo al que utilizó para repatriar a España 300.000 euros de Macià Alavedra en mayo del 2009. Este no se movió de su despacho: el mayordomo de Bolich viajó a Barcelona y subió a Andorra con un poder de Doris Malfeito para retirar los 300.000. Luego, el propio Bolich se los dio a un empleado de la banca andorrana, un hombre de Lluís Prenafeta, para que los bajase físicamente a Barcelona. Y Alavedra los recibió sin moverse de su despacho.

«Tengo los libros». Esa fue la contraseña del norteamericano a Alavedra cuando lo llamó por teléfono días después. El exconsejero habló con su amigo y socio Prenafeta y ambos acordaron que sería una persona de confianza de este último quien viajaría con el dinero hasta la capital catalana. Un empleado de banca del Principado hizo el viaje y depositó el paquete en manos de Alavedra, en su propio despacho.

Las pesquisas iniciales hicieron sospechar que Bolich podía tener algo que ver en blanqueo de dinero, dado que su nombre figuraba como apoderado en distintas cuentas bancarias que no eran suyas. Olfateadas sus cuentas y las de su mayordomo, el juez Baltasar Garzón ordenó la intervención de todas ellas. El fámulo, que trabajaba para el asesor desde hacía años, ya no era solo empleado, sino que estaba considerado su «familia efectiva». En la misma casa de Bolich vivían el matrimonio de criados y sus dos hijos, de siete y trece años, cuando se produjo la intervención. La confianza y el cariño eran tales que Bolich puso a su nombre dos herencias que había recibido: la de su abuela y la de su madrastra. En la apertura de la cuenta del fámulo en Andbanc hay una anotación a mano: «Mayordomo del señor Bolich (cliente nuestro) recibe como donación fondos del señor Bolich por cuidarle hace muchos años».

Negocios heredados

La lista de empresarios amigos del clan Pujol es muy amplia. Hay empresarios que han hecho muchos negocios por el simple hecho de relacionarse con Jordi Pujol, pero en esa lista sobresalen tres nombres
de especial relevancia y cuyos intereses y maneras de hacer pasan de generación en generación: la familia Tennenbaum, la familia Sumarroca y la familia Bagó, propietaria de Sehrs, el mayor grupo de servicios de Cataluña.

Aunque en los informes de los servicios de información de la policía española aparece con asiduidad la estrecha vinculación de Carles Sumarroca i Coixet a Jordi Pujol i Soley, las otras dos familias han hecho muchas operaciones similares a las de estos. David Tennenbaum, un judío asentado en Cataluña, comenzó a hacer negocios con Florenci Pujol, el padre del que luego fue presidente de la Generalitat. En realidad, Banca Catalana nació gracias a su aportación dineraria: en 1959 pagaron 12 millones de pesetas por la Banca Dorca y solo 46 millones de pesetas en depósitos, que fue el embrión de la futura Banca Catalana. En los años ochenta, en cuanto Jordi Pujol llegó al poder, los Tennenbaum comenzaron a contratar con la Administración. Manuel Ortínez, en su libro Una vida entre burgueses. Memorias, relata la conexión de ambas familias. «Tennenbaum y Pujol eran importantes. Ellos me proporcionaban las divisas, y yo necesitaba muchas. Florenci Pujol era un hombre muy simpático, con una mirada irónica y maliciosa, de pícaro inteligente. Con aquella mirada solo era necesario decir “Florenci” para que él estuviera interesado y te preguntara inmediatamente si necesitabas dos o diez. El judío David Tennenbaum era su socio y las operaciones se realizaban con total seguridad en el mercado libre de Tánger, único mercado de la peseta». Este fue el mecanismo aludido por Jordi Pujol para justificar la fortuna oculta amasada por su padre y que le dejó en cuentas corrientes en Andorra: el negocio de compra-venta de divisas.

En la década de los cincuenta, el patriarca David Tennenbaum era tratante de diamantes, se asoció con Florenci Pujol y, a partir de ahí, la trayectoria de ambas familias transcurrió en paralelo y en íntima unión. De todos es conocida la historia del cambio de divisas que efectuaban en Tánger y con el que se lucraban. En 1959, fueron condenados por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios por evasión de divisas a Suiza. El 28 de octubre de 2007, Pujol recibía el Premio Samuel Toledano en la sede de la Knesset, es decir, el Parlamento israelí. Y allí tuvo algunas palabras de recuerdo:

Pero siguiendo el hilo de mi trayectoria personal, debo decir que poco después entré en contacto con el judaísmo y, sobre todo, con el sionismo. Lo que en este sentido marca mi trayectoria es haber conocido a judíos, especialmente a la familia de Moisés David Tennenbaum, un judío de Galitzia que vino a Barcelona en los años treinta, probablemente entonces más temeroso del antisemitismo polaco que del nazi (…). Como les decía, yo no entré solo en contacto con el judaísmo. También, y en un cierto sentido, con el sionismo. Y no de una forma superficial. Con solo diecisiete-dieciocho años leí Der Judenstaat, de Herl, y un libro de Chaïm Weizmann, muy completo, que cuenta toda la lucha sionista, desde el Congreso de 1903 —el del rechazo de la propuesta de Uganda— hasta la constitución del estado de Israel. Me los dio a leer David Tennenbaum. Y también leía regularmente algunas revistas sionistas editadas en Latinoamérica, sobre todo en Montevideo (…). Lo entenderán si termino recordando a mi amigo Moisés David Tennenbaum. Me dijo un día: «Tienes que ir a ver una película, una película de judíos, que se llama El violinista sobre el tejado. Nosotros los judíos siempre tenemos que tocar el violín, no en una sala de conciertos, sino haciendo equilibrios sobre un tejado. Y un tejado de tejas irregulares. Y esto cuesta». Yo le dije que lo entendía, pero que gracias a esto habían sido un pueblo diferente, con una creatividad y una fortaleza fuera de lo corriente…

Lo cierto, sin embargo, es que se influyeron mutuamente, porque Tennenbaum fue uno de los nombres sobre los que a menudo se pedían responsabilidades parlamentarias, ya que el pujolismo jamás tuvo empacho en realizar oscuras y dudosas adjudicaciones de obras a empresas del amigo del jefe.

Tennenbaum y un socio israelí, Sanson Batsri, fundaron en 1991 la sociedad Tenba TB, especializada en seguridad privada. Durante tres años, según recogía el informe «Defensa, seguridad y ocupación como negocio. Relaciones comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel», la compañía no tuvo actividad alguna. Pero en 1994, la Consejería de Justicia le adjudicó presuntamente tres contratos por más de 500 millones de pesetas, un pellizco impresionante en aquella época. Los contratos eran para la instalación del nuevo sistema de seguridad del centro penitenciario de Lleida. No hubo publicidad. Ni concurso. Ni concurrencia de ofertas. La sociedad estaba administrada por Marcos David Tennenbaum, hijo del socio del president. Los negocios pasaban de padres a hijos.

El primer contrato llevaba fecha del 19 de abril de 1994. Se había confeccionado por un importe de 160 millones de pesetas (casi un millón de euros) para la primera fase del proyecto, que consistía en el suministro del sistema de seguridad exterior; el segundo contrato llevaba fecha de 9 de enero de 1995, por una cuantía de 232 millones de pesetas (casi 1,4 millones de euros) y hacía referencia a la segunda fase: el sistema de detección y visualización del recinto y el equipamiento de la sala de control; el tercero, con fecha 11 de diciembre de 1995, costaría a las arcas públicas 110 millones de pesetas (660.000 euros) para el suministro complementario del sistema de seguridad exterior.

Las sorpresas no acaban aquí. Cierto que puede haber una orden «de arriba» para contratar a Tenba TB en este proyecto. Pero lo curioso está en la excusa para realizar esa constatación: nada menos que un informe de una sociedad denominada Vanuatu S. L.. Para empezar, tiene nombre de paraíso fiscal, lo que no deja de ser sarcástico. Esa es la compañía que contrata Justicia para realizar un informe sobre las deficiencias del centro penitenciario. Vanuatu enumeraba los fallos y proponía la instalación de un circuito perimetral que blindase el recinto, citando a Tenba TB como la compañía ideal para realizar esta labor. Lástima que los accionistas de ambas compañías fuesen exactamente los mismos y ambas empresas compartiesen sede en la calle Tuset de Barcelona. Solo había un problema: ¿cómo iba Tenba TB, una empresa que no tenía personal, a realizar la obra? Muy fácil: subcontratando los trabajos. Recibió 500 millones de pesetas por los contratos con el gobierno de Jordi Pujol y pagó 300 por los trabajos. Sin despeinarse, Tennenbaum ganó de una tacada 200 millones de pesetas.

Ambas empresas, sin embargo, carecían de permisos para realizar los trabajos que les habían sido encomendados. Meses después de presentar a bombo y platillo el nuevo sistema de seguridad de la cárcel (cuyas adjudicaciones se habían cuidado de no publicar en el Diario Oficial, como era obligatorio), el Ministerio del Interior cancelaba la autorización administrativa de Tenba TB, porque faltaba una serie de requisitos para trabajar en el sector de la seguridad, al mismo tiempo que el Gobierno Civil de Barcelona iniciaba un expediente por infracción de la normativa vigente, ya que la compañía solo podía trabajar en la demarcación de Barcelona y lo había hecho en Lleida.

Vanuatu también había vendido secráfonos (teléfonos cifrados imposibles de intervenir) a la Generalitat por 18 millones de pesetas, lo que levantó más sospechas todavía, ya que la compañía ni siquiera figuraba en el preceptivo registro del Ministerio del Interior. En un pleno parlamentario de marzo de 1997, Jordi Pujol dijo ante la cámara catalana que las empresas reunían todos los requisitos legales cuando se las contrató y que todas las actuaciones de su gobierno se ajustaban a la legalidad. Una mentira más: Vanuatu no estaba registrada. Era una promotora inmobiliaria y poco antes de venderle los secráfonos amplió su objeto social a la venta de material eléctrico, pero siguió siendo ilegal a los ojos de la legislación vigente, ya que debía inscribirse como empresa de seguridad en la Dirección General de la Policía,

En el mismo año, Vanuatu se embolsó unos cuantos millones más: por el diseño y suministro de un vehículo antidisturbios, el gobierno le pagó 40 millones de pesetas (250.000 euros). Y, paralelamente, realizó dos estudios: uno, por el que cobró casi 16,5 millones de pesetas (casi 100.000 euros), era sobre el proyecto de ejecución de las instalaciones para la seguridad de la Cárcel Modelo de Barcelona. El segundo, unos 11,5 millones de pesetas (casi 70.000 euros), por otro proyecto técnico de seguridad de la prisión de Tarragona.

El gran benefactor

Las cárceles catalanas tenían muchos más misterios que los informes de empresas piratas encargados a dedo por el gobierno de Jordi Pujol. Mientras se le reclamaban explicaciones al president en el Parlamento catalán, el viejo zorro de la política se reía interiormente y realizaba otra de sus oscuras adjudicaciones: la empresa General Lab se hacía con todos los lotes para realizar los análisis clínicos de todos los reclusos de Cataluña. Así, de una tacada. En total, 55,8 millones de pesetas, 335.000 euros de ahora.

¿Y quién está detrás de General Lab? El omnipresente Carles Sumarroca Coixet, nacido el 12 de diciembre de 1933. De todos los empresarios que han hecho negocios a la sombra del poder, Carles Sumarroca es el más vinculado a Jordi Pujol. Porque Sumarroca es especial. Es el álter ego, lo que le hubiera gustado ser a Jordi Pujol si no fuese político. Juntos fundaron CDC, juntos se metieron en Banca Catalana, juntos compraron El Correo Catalán y juntos continuaron sus vidas profesionales, uno concediéndole al otro millones y millones de euros en contratos públicos y el otro cobrando y creciendo económicamente gracias a las adjudicaciones del uno. Además, el destino también había creado lazos entre las esposas, socias ambas de la compañía Hidroplant.

Si se ha de crear un prototipo de empresario a la sombra del poder, ese sería, sin duda, Sumarroca, una de las grandes fortunas de Cataluña a pesar del hundimiento del sector de la construcción. Junto al insigne prócer, figuraban en General Lab (fundada en 1881) Jaume Rosell Sanuy y Miquel Esquirol, en representación de la Mutua l’Aliança. Todos ellos, como no podía ser de otra manera, patronos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundadores del partido y amigos personales del president.

El gran negocio de Sumarroca se articuló en torno a las constructoras Emte y Teyco, que han sido, tradicionalmente, las más beneficiadas por las adjudicaciones del gobierno catalán. Lo fueron con Pujol, lo fueron con el tripartito (Joaquim Nadal, el hombre de la obra pública bajo los mandatos de Pasqual Maragall y José Montilla, forma parte del círculo conocido como la «sociovergencia») y lo siguieron siendo con Artur Mas. Un informe de la publicación elcritic.cat desvelaba que solo en el periodo 2013-2014 las compañías Emte y Teyco acapararon los contratos públicos del gobierno catalán, con 13,6 y 11,2 millones de euros en un total de cuarenta y tres adjudicaciones. Les seguían Construcciones Rubau (cuatro contratos y 9,3 millones) y Copisa, con catorce contratos y 9,2 millones de euros adjudicados. El informe destacaba que catorce de los veinticinco contratos de Teyco se formalizaron por el procedimiento de «negociado sin publicidad», lo mismo que siete de los dieciocho de Emte. «Es decir, que prácticamente la mitad de los contratos de Sumarroca con la Generalitat se consiguieron por este método cerrado». En otras palabras: a dedo.

Una investigación del periodista Jesús Badenes y publicada en el Diari de Girona concluyó también que durante los veintitrés años de pujolismo las dos empresas constructoras más importantes de los Sumarroca recibieron contratos por un total de más de 285 millones de euros. «A partir de 1992, las dos sociedades comienzan a figurar entre las más recurrentes en la obra pública de los ámbitos de la enseñanza y sanitario». Y no solo eso: comienzan a hacer negocio con la rehabilitación de escuelas. «Resulta curioso ver cómo se adjudica por el sistema negociado de urgencia la realización de los trabajos necesarios para la puesta en marcha de un hospital», relata en un párrafo. Ese sistema le permite eludir la convocatoria de un concurso y adjudicar la obra a dedo. Un método más para saltarse la ley a la torera y beneficiar a los amigos. La investigación destaca otra cosa: con la llegada del euro, se disparan los precios:

Mientras en el año 1989 la Generalitat adjudicó la nueva construcción del IES La Llagosta por 38 millones de pesetas, unos 233.999 euros, en el último mandato, la construcción de un nuevo IES costaba a la Generalitat entre 3 y 4 millones de euros, como el caso del IES Roquetes que Teyco se adjudicó el año 2000 por 3.029.234 euros. Así, en 1999 las dos empresas facturarían conjuntamente más de 40 millones de euros. A pesar de
haber multiplicado por diez su facturación a la Generalitat, el récord
de adjudicaciones estaba por llegar. Más de 70 millones de euros le otorgó el gobierno Pujol en obras en su último año de mandato. En 2003, Teyco consiguió concursos por valor de más de 30 millones, mientras que Emte superó los 40 millones de euros.

Es evidente que ha habido empresarios que han sacado tajada de
su cercanía al poder. Y el poder sacó tajada de ellos, claro. Había
de ser un favor recíproco. De esa perfecta simbiosis surgió el apoyo mutuo del clan Sumarroca con el clan Pujol. La familia Sumarroca es la más representativa de esta casta económico-política. Carles Sumarroca Coixet fundó Convergència al lado de Jordi Pujol y junto a él entró en el accionariado de El Correo Catalán en la década de los setenta. Desde entonces han vivido existencias paralelas, uno en la política y otro en los negocios. Las relaciones profesionales de ambos han sido igualmente muy intensas. Si sus esposas eran socias, Pere Pujol Ferrusola también acabó convirtiéndose en socio de los Sumarroca en la compañía Entorn, después de haber estado catorce años a sueldo. Y Josep Ferrusola hizo lo propio a través de la empresa MT Tahat, que compró acciones de General Lab. Y Oriol Pujol Ferrusola le encargó la finalización de las obras de su chalé en el Pirineo a una empresa de Sumarroca. Y Jordi Pujol Ferrusola trabaja para las compañías del empresario como comisionista desde mediados de los noventa, y su confianza es tal que los contratos suscritos los hacía de forma verbal.

Pero circunscribir la actividad del clan amigo a la construcción sería erróneo. Donde había un gran negocio, allí estaba Carles para dar su apoyo incondicional a Jordi. Y hay sectores que mueven muchos millones: construcción, análisis clínicos y energías alternativas. Todos ellos con miles de millones de euros públicos esperando para irse hacia bolsillos privados. Y si son bolsillos amigos, mejor que mejor. De hecho, los euros catalanes estaban predestinados a caer en determinados bolsillos. La gran tajada del dinero público se la llevaron durante décadas un puñado de privilegiados que mimaban al poder mientas el poder les mimaba a ellos.

Si el negocio de la construcción resultó de lo más rentable para el veterano Sumarroca, el de los otros dos sectores de futuro terminó de redondear las cuentas corrientes de lo que se podría considerar ya una de las grandes fortunas del Principat (nombre de Cataluña en el conjunto de los Països Catalans). Una estimación realizada por el diario El Confidencial concluyó que solo entre 2008 y 2012 los dos grupos industriales por antonomasia, Emte y Copisa (o sea, Sumarroca y Cornadó), se llevaron 875 millones en contratos de obra pública. «Los vínculos de Comsa-Emte se han prolongado en el tiempo con los actuales dirigentes de CiU. El hijo de Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Claverol, se encuentra, por ejemplo, entre los trece miembros del consejo asesor de Endesa en Cataluña gracias al apoyo de Convergencia», señalaban los autores del informe, José María Olmo y Daniele Grasso. Ambos sostenían que «los negocios ocultos hasta la fecha permitirían quizá explicar la facilidad de Comsa-Emte para lograr contratos de las diferentes administraciones catalanas. Entre 2008 y 2012, el grupo de la familia Sumarroca fue, en dos ejercicios, el que acaparó la mayor cantidad de gasto en infraestructuras de la Generalitat, según las estadísticas oficiales. En cinco años, el clan cercano a la familia Pujol acumuló una cifra de negocios en contratos públicos por un valor total de 500,18 millones de euros».⁶

No fue el único negocio en el que los Sumarroca hincaron el diente: el campo de las energías alternativas fue otro de los sectores donde sentaron sus reales, llevándose la parte del león, tanto en concesión de parques como en la confección de informes medioambientales.

El grupo que encabezaba Sumarroca se vio especialmente favorecido por la Generalitat en la concesión de parques eólicos a finales de los noventa y principios de la década siguiente. Además, sus empresas eran las que realizaban la mayoría de los informes de impacto medioambiental de los parques. Sumarroca creó dos compañías para realizar informes medioambientales: Codema y Entorn. Al frente de esta última situó a Pere Pujol Ferrusola. Los contratos con la Administración comenzaron a caerle por docenas en cuanto se puso en marcha el negocio.

Los parques eólicos fueron un negocio añadido a la fortuna de los Sumarroca. En el grupo de Catalana d’Energies Renovables puso en marcha seis parques. Emte, junto a Comsa y Urbaser, se adjudicaron el primer ecoparque de la zona portuaria de Barcelona, una macroinstalación ambiental pionera en España, con una inversión de casi 50 millones de euros. En 2012, junto a Abantia, Comsa-Emte puso en marcha, en Les Borges Blanques, la primera instalación del mundo que combina energía termosolar y biomasa.

Paralelamente, se metió en el negocio de análisis clínicos y se convirtió en una pieza fundamental de este sector, al acaparar los contratos con la Administración autonómica a través de General Lab. En los años noventa, por ejemplo, todos los lotes de los análisis clínicos de
los internos de los centros penitenciarios de Cataluña fueron a parar a la
compañía de los Sumarroca.

El empresario amigo supo diversificar sus negocios. Invirtió en el sector agrícola y hoy tiene una bodega con generosos vinos y apreciados cavas que llevan su apellido. Su bodega es la segunda en importancia en el Penedès, con casi 500 hectáreas de viñedos. Y con Pedro Olabarría se asoció en una incursión en el sector textil, a través de Colomer Munmany. Su fidelidad le llevó a intentar salvar Tipel, el grupo de Rasputín Prenafeta en los noventa, precisamente junto a Olabarría, pero de la inversión efectuada no recuperaron nada.

6 El Confidencial, 30 de agosto de 2014.