11. LA SAGA

Oleguer: haciendo país

Mientras Jordi Pujol ejercía de guía espiritual de Cataluña y llamaba a fer país (hacer país), el benjamín de su familia, Oleguer Pujol Ferrusola, volaba fuera del nido paterno. Tan fuera que fue a poner sus huevos lejos de la patria catalana, en un paraíso fiscal. Con apenas veinticinco primaveras, Oleguer, que había pasado un fuerte «sarampión» independentista, «hacía país» en la Isla de Man. Su primera inversión conocida en un paraíso fiscal fue el 4 de marzo de 1997, en una oficina que el Barclays Bank tiene en la Isla de Man, en una cuenta en la que tres lustros más tarde aún conservaba un remanente de casi 19.000 euros. Oleguer comprendió enseguida que es más importante fer calaix que fer país (hacer buen negocio que hacer país).

Oleguer Pujol pasa por ser el más activo del clan en cuanto a negocios se refiere. En realidad, siempre fue el más activo, pero supo moverse en la sombra. Nació en 1972 y es el benjamín de la familia. De adolescente, ya sentía pasión por el activismo político y participaba frenéticamente en cualquier acontecimiento independentista bajo la supervisión de sus hermanos mayores, todos correligionarios de la causa separatista. Participó en la campaña Freedom for Catalonia que impulsaban la Crida a la Solidaritat y la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil de Convergència, aunque nunca llegó a militar formalmente en la JNC. Con solo diecisiete años, en septiembre de 1989, participó en la sonora pitada al rey Juan Carlos durante la inauguración del Estadio Olímpico de Montjuïc, que iba acoger también el Campeonato del Mundo de Atletismo.

Oleguer estudió económicas en Esade entre 1990 y 1995. De 1994 a 1995 cursó un máster en Thunderbird School of Global Management de Phoenix (Estados Unidos). Luego, se puso a trabajar en Londres, en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. En febrero de 2001 funda Drago Capital en compañía de Luis Iglesias, a quien había conocido durante su estancia en la capital británica, más tarde yerno del popular Eduardo Zaplana. Luis, nieto de Luis Rodríguez-Viña, que fuera director general del Banco Ibérico, estudió en el elitista colegio Eton, en Gran Bretaña. Se casó en primeras nupcias con una rica pakistaní y luego, en 2013, con María Zaplana Barceló, hija del expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo con José María Aznar. María se convirtió, tras ganar Mariano Rajoy las elecciones generales de 2011, en asesora de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, a su vez esposa de Vicente Martínez-Pujalte. Todo, pues, queda dentro de la gran familia popular. Si Jordi Pujol Ferrusola tenía importantes y solventes contactos y amigos íntimos dentro de la estructura del PP, Oleguer, otro independentista confeso, no se quedaba atrás.

El 11 de enero de 2014 el exfiscal jefe de Cataluña y exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo realizaba una denuncia con datos relevantes sobre Jordi Pujol Ferrusola, su esposa, Mercè Gironés Riera, y Oleguer Pujol Ferrusola. Villarejo quería que se investigara por qué Oleguer acudía a la disolución de la sociedad San Fernando Resort Bahía
S. L. como mandatario verbal de otras dos sociedades: Hard-Woor Mil S. L.
y Somisal S. L., «cuyos socios y objeto social se desconocen».

Esa denuncia fue incorporada luego a la querella interpuesta por Podemos el 2 de septiembre de 2014, que cuenta con el asesoramiento del exfiscal. El texto volvía a recoger que «en los últimos meses, se ha sabido que una empresa de Oleguer Pujol Ferrusola, por ejemplo, recibió 8 millones desde las Islas Vírgenes para comprar un hotel en Canarias». La querella fue admitida a trámite el 1 de octubre. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. No era la única operación sospechosa, porque también había recibido 2.000 millones de euros para la compra de más de 2.000 oficinas del Banco Santander, todo ello desde paraísos fiscales. Era un baile vertiginoso de millones de euros que se escapaba a cualquier raciocinio.

El escrito de Podemos fue la mecha que incendió el polvorín. El
24 de octubre, Oleguer Pujol fue detenido durante unas horas, mientras se registraba su domicilio en la parte alta de Barcelona y oficinas en esta ciudad, Madrid, Valencia y Melilla, en una investigación judicial que llegaría a afectar a veintiséis personas y a una cuarentena de sociedades.

Oleguer tiene fama en los círculos empresariales de buen gestor y de saber hacer negocios. Pero ha tenido un enorme problema: los fondos que mueve son oscuros, demasiado oscuros. Y siempre provienen de paraísos fiscales, lo que produce la extraña sensación de que no todo lo que reluce es oro.

Un informe de Deloitte especifica que el Grupo Drago opera desde el año 2000 y tiene una cartera mediante la que gestiona más de 1.300 propiedades inmobiliarias en España y Portugal. Las inversiones gestionadas por Drago Capital, la matriz, se canalizan a través de diversas sociedades, como Longshore, Jasmund Spain, Step Negocios, Ursus Alfa, Incola Ciudad, GI Investments, Accommodus Servicios 21
y New Positively 21. El grupo controla también Mare Nostrum Capital Managers Ltd., una sociedad constituida en Guernsey en el año 2006, dedicada a «la gestión de las inversiones efectuadas por la sociedad Drago Real State Partners Ltd.». Y otra empresa, Estrategia de Capital Europeo (ECE), creada en España el año 2007, se dedica a «la gestión de las inversiones efectuadas por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU». Se trata de la primera capa de una ingeniería financiera que cercena cualquier intento de llegar al propietario final del dinero invertido, porque una empresa lleva a otra en paraísos fiscales, y esta a una tercera. Un empresario normal, con negocios normales, nunca echaría mano de una ingeniería como la descrita.

En las sociedades mencionadas, Oleguer Pujol realizó aportaciones en efectivo de 1.187.951 euros, lo que representa «un 0,22 por ciento del importe total de las aportaciones de fondos analizadas durante nuestro trabajo (sin incluir la financiación de entidades financieras) y un 0,04 por ciento del importe total de las inversiones realizadas por las sociedades». Eso decía el informe de Deloitte, hecho a medida para exculpar al benjamín de los Pujol.

¿Cómo mueve su dinero Oleguer Pujol? Sencillo. A través de una estructura en forma de racimo. Tenía una sociedad denominada Orchard Capital. A través de ella, compró el 46,8 por ciento de Jasmund Spain, el 25 por ciento de Accommodus Servicios 21 y el 25 por ciento de Step Negocios. También es el dueño al 50 por ciento de la sociedad Aegle International Ltd., que dispone de un 5,91 por ciento de Drago Real Estate Partners Ltd. (Guernsey). A nombre particular suyo, Oleguer también tiene otro 0,32 por ciento del capital de esta última. El 31 de enero del 2015 se extinguió la sociedad de Guernsey, Drago Real Estate Partners, donde el miembro del clan Pujol mantenía 537.498 euros.

Lo cierto, no obstante, es que desde comienzos del siglo XXI el pequeño de los Pujol controla las inversiones que realiza el fondo Drago Capital, un conglomerado de intereses que suele mover cantidades ingentes de dinero por paraísos fiscales, sean las Islas del Canal, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo o Panamá.

Drago Capital es la sociedad que Oleguer Pujol hacía servir en su perfil de Linkedin, de la que decía ser socio director. Creada el 4 de julio de 2001, su objeto principal era la «gestión de inversiones inmobiliarias, en concreto de las sociedades Longshore y Ursus Alfa». No obstante, también gestiona inversiones de otras empresas del grupo. Por ejemplo, entre el 11 de agosto de 2010 y el 2 de junio de 2014, adquirió inmuebles adjudicados a General Electric y a Cajamar para su posterior venta a través de Ampuria Capital. Drago hizo servir la compañía Step Negocios para comprar, el 7 de marzo de 2011, ocho sucursales de Bankia, una en Oviedo y siete en Madrid, por 25,8 millones de euros. El mismo día, se los alquiló a Bankia por veinticinco años. Este modo de operar se repetiría en varias ocasiones: las empresas de Oleguer compran edificios pero con la condición de que los vendedores los alquilen, al menos, por un periodo de veinticinco años, con lo que se asegura una renta a largo plazo.

La empresa Longshore S. L. repitió la técnica de Drago Capital. Esta sociedad comienza sus operaciones el 31 de marzo de 2008, teniendo como socio único a la compañía Lexxel Servicios Empresariales S. L. y un capital social de 3.010 euros. Un mes más tarde, se convierte en socio único la compañía Drago Mediterranean Holdings Corporatief y es nombrado administrador único Oleguer Pujol, que se convierte en presidente y consejero delegado el 20 de octubre del mismo año. El 10 de noviembre amplía capital en 6.496.990 euros para situar este en los 6,5 millones de euros. En ocho meses, pues, la sociedad pasaba a estar bajo el control total de Oleguer y con un capital millonario.

Pero esa sociedad se creó con un objetivo muy concreto: realizar una operación inmobiliaria en España. Así, el 29 de julio del 2008, Longshore adquirió a Prisa División Inmobiliaria tres edificios, uno en Barcelona y dos en Madrid. El precio total, IVA incluido, fue de 348 millones de euros.²⁸

Longshore pasó a estar participada por Drago Real Estate Partners y el fondo de pensiones canadiense PSP y comenzó a explotar en régimen de sale & lease-back los edificios que albergaban las redacciones de Prisa en Madrid y Barcelona, con un contrato hasta el año 2033. En Madrid, el de los estudios centrales de la Cadena SER fue revendido a Amancio Ortega por unos 400 millones de euros. La plusvalía, pues, fue suculenta.

Pero la operación le reportó más dolores de cabeza. Tras comprar los edificios de Prisa, Longshore firmó un contrato con Drago Capital para que esta gestionase su patrimonio. Y ahí cargó las tintas cobrando unas comisiones abusivas (Drago era exclusivamente suya, mientras que Longshore era compartida con otros accionistas), según sus socios de Longshore, entre ellos The Royan Bank of Scotland, que acabó abandonando la sociedad en 2012 con un sonoro portazo.

Hacienda comenzó a investigar a Oleguer Pujol el 12 de diciembre del 2013. Un año después, envió una comunicación al titular del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, en la que le advertía de que realizaba diligencias de investigación y comprobación de las operaciones del benjamín de los Pujol. A esas alturas, Pedraz ya había tomado en consideración las acusaciones que se hacían desde Podemos e incluso los servicios de inteligencia se habían preocupado por sus andanzas y habían elaborado un detallado informe sobre algunas de sus operaciones.

Los grandes pecados de Oleguer Pujol fueron siete operaciones bajo sospecha que hicieron saltar las alarmas. La primera era la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros, más 317 millones de IVA. La operación se articuló a través de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, cuya mayoría de capital estaba en manos de Pearl Group. Esta sociedad se creó el 2 de octubre de 2007 y el 23 de noviembre realizaba esa operación. Como en otras similares, automáticamente, la entidad bancaria alquiló las oficinas por veinticinco años.

Tiempo después, el Centro Nacional de Inteligencia realizó gestiones para conocer el origen de los fondos con los que se cerró la compra de oficinas y realizó un informe reservado. Ese interés se debió a la sospecha de que la familia Pujol quería aflorar el dinero pero necesitaba un pretexto. Oleguer consultó con el Banco Santander la posibilidad de algún negocio y los hombres de Botín no se lo pensaron dos veces: tenían el producto perfecto. Sin embargo, les parecieron sospechosas dos cuestiones: primero, que la sociedad que realizaba la operación se creara solo unas semanas antes de la venta. Y segundo, que el dinero aportado provenía de paraísos fiscales. Inmediatamente, dio parte al Banco de España para curarse en salud y así fue como comenzó una discreta investigación.

Viaje a Ítaca (Guernsey)

En Canarias, el pequeño de los Pujol realizó también una operación sospechosa: la compra del hotel Costa Canaria, un establecimiento ubicado en la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El hotel fue comprado por la sociedad Servifonia Plus, que pertenecía a Drago Mediterranean Holding, con sede en Holanda. Esta misma sociedad tenía las empresas Bahoruco Park y Arquillo Resorts, que gestionan dos complejos de apartamentos turísticos en Canarias. Bahoruco tiene 64 apartamentos y catorce dúplex y Arquillo, setenta y seis estudios. Para comprar el hotel, Servifonia recibió casi 8,3 millones de euros que le prestaba la sociedad Pavane, propiedad de Luis Iglesias. Pero los fondos llegaron a través de Eldersfield Investments Ltd., tras la cual estaba míster Marc Jonas, un canadiense socio de Pujol e Iglesias. El dinero provenía de Luxemburgo, por lo que las operaciones levantaron sospechas de posible blanqueo de dinero.

En Melilla, el pequeño de los Pujol hizo también negocios enrevesados. El Ministerio de Defensa había cedido unos terrenos de 56.000 metros cuadrados a la ciudad para la construcción de viviendas de protección oficial. Tras venderse a una empresa privada, los terrenos acabaron en manos de Tres Forcas Capital, una sociedad propiedad de Drago Mediterranean, o sea, de Oleguer Pujol, que pagó 15,6 millones de euros. La operación se realiza con una tupida ingeniería financiera: la principal condición inicial era que pudiera construirse en los terrenos un centro comercial (al año siguiente, se renunció a este requisito). Según la policía, es entonces cuando se producen movimientos sospechosos de dinero, puesto que Oleguer Pujol «consigue lo que parece ser una operación de blanqueo de capitales por vía de la compra de acciones por importe de casi 2 millones de euros a través de una sociedad llamada Gestadeneco S. L., más otros 2,3 millones por vía de una ampliación de capital en Tres Forcas Capital. Asimismo, mueve una cantidad de más de 2,3 millones de euros de Holanda (Drago Mediterranean) a Luxemburgo (Pavane Investments S. A.) a través de la venta de las acciones que esta posee de Tres Forcas». O sea: Oleguer compra su parte del negocio a su socio Luis Iglesias, que se desmarca de la construcción de las viviendas. Y todo se realiza con movimientos de dinero cuyo origen se desconoce en paraísos fiscales. Ese dinero llega luego a las cuentas en España y así es como juez y fiscales se ponen a investigar.

Hay operaciones en Madrid y Mallorca también bajo sospecha, que engrosaron la lista del juez Pedraz. Pero lo verdaderamente imponente es el volumen de capital que el joven Oleguer llegó a mover en los últimos años. Al margen de los más de 2.000 millones de la compra de las oficinas del Santander. En su edición del 25 de septiembre del 2014, el diario El Mundo, citando un informe del Sepblac, señalaba que a través de Samos «ha movido 367.661.030 euros en destinos como Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Alemania. A través de Longshore, incardinada, al igual que Samos, en el denominado Grupo Drago, ha realizado operaciones por valor de 100.293.736 euros. Con otras entidades, como Bahoruco Park, Tres Forcas Capital, Jasmund Spain o Ursus Alfa, ha movido 89 millones más».

Oleguer dejó sus cargos de vicepresidente y consejero en Samos en 2013, después de conocer que estaba siendo investigado. Sus socios forzaron también que dejase sus cargos en Drago en abril de ese año, cuando sabían que ya Hacienda le estaba siguiendo el rastro y que podía saltar el escándalo en cualquier momento. La empresa Drago Capital hizo público un comunicado el día 24 de octubre, mientras sus oficinas estaban siendo registradas por la policía. Decía que había remitido a la Fiscalía Anticorrupción el 16 de septiembre y a la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2014 el informe pericial de Deloitte, que exculpaba a Oleguer Pujol y con el cual «está absolutamente contrastada la procedencia de los fondos que Drago Capital gestiona y la identidad de sus beneficiarios. Más del 80 por ciento del capital proviene de financiación bancaria, y el resto, de inversores institucionales, entre los que figuran reconocidos fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión de Reino Unido, Estados Unidos o Canadá y que exigen rigurosas auditorías de las sociedades. Los fondos han sido debidamente declarados tanto al Banco de España como a la Dirección General de Transacciones Exteriores. Respecto a la presencia de sociedades de Luxemburgo, Países Bajos o Guernsey, el informe de Deloitte en su resumen ejecutivo concluye que se trata de una operativa habitual y “que entra dentro de la práctica mercantil común en este tipo de operaciones con inversores extranjeros”».

Oleguer siempre fue remiso con Hacienda. En el 2012, se acogió a la amnistía fiscal que promovió el ministro Cristóbal Montoro y afloró unos 3 millones de euros. En 2012, casi duplicó su patrimonio, pasando de 4.930.180 euros a 9.079.112 euros, según su declaración de la renta, lo que justifica por revalorización de activos. Pero se le olvidaron algunas cosas, como las inversiones que tenía en BPA de Andorra. Así, en julio del 2014, presentó una liquidación complementaria de la renta del ejercicio 2009 y pagó al fisco 321.907 euros, ya que declaró un beneficio no justificado de 748.538 euros.²⁹

El 27 de enero de 2015, el diario El País publicaba una «confesión» exculpatoria de Oleguer Pujol, el hombre que años antes le había comprado la sede y que en el momento de la entrevista le tenía arrendadas las oficinas y, por tanto, le cobraba religiosamente el alquiler mensual. Decía en la entrevista: «Siento la imperiosa necesidad de contar que yo no tengo 3.000 millones de euros, ni 500, ni tampoco 89. No es justo». Y destapaba algunas de sus cartas: «La persecución de mis apellidos es clara. Se cuestiona mi actividad profesional por ese motivo. Y la persecución está relacionada con el proceso político en Cataluña».

¡De nuevo el victimismo! ¡De nuevo el envolverse en la bandera! Pero era todo una justificación de cara a la galería. Una mentira más. Un nuevo montaje de la familia, acostumbrada, hasta ese momento, a navegar sin oleaje por el mar de los negocios. El 30 de abril de 2013, presentaba ante Hacienda la declaración modelo 720, es decir, la «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero». Y los números eran escalofriantes: su patrimonio en el extranjero llegaba a la friolera de 93,5 millones de euros. Solo en Drago Real State Partners, con domicilio en Peter Port (Guernsey), escondía 80,9 millones de euros en patrimonio. Eso es lo que decía su declaración ante Hacienda. Eran fondos que había establecido en las Islas del Canal el 4 de octubre del 2006.

No eran los únicos fondos que escondía: atesoraba más de 2,5 millones en ING Bank de Curaçao; y 2,1 millones de euros en el
35 por ciento de la sociedad Mare Nostrum Capital Managers Limited de Guernsey, invertidos el 27 de septiembre de 2006; y más de 1,3 millones de euros en The Royal Bank of Scotland Ltd. de la misma isla; y casi 1,8 millones en la sociedad SD Color BH Limited de Bahamas, a donde llegó en el año 2008. Los tentáculos del benjamín se extienden por Panamá (donde invirtió en tres sociedades en el año 2007), las Islas del Canal (Isla de Man y Guernsey), Holanda, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Curaçao. Y algunas de sus sociedades tienen nombres tan curiosos como The Itaca Investment Trust (7 New Street de St. Peter Port, en Guernsey), una de las accionistas de Drago Real Estate Partners (aportó directamente 338.559 euros en la compra de acciones de esta entre 2006 y 2013).

Nada que ver con la Ítaca de Artur Mas, la tierra prometida por el presidente catalán a sus acólitos. La Ítaca de Oleguer es más prosaica: además de las acciones de Drago, es también propietaria del cien por cien de Aegle International, otra sociedad offshore domiciliada en Tórtola que desembolsó otros 200.000 euros en la compra de acciones de Drago. Aegle tiene el 11,82 por ciento del total de fondos de Drago Real Estate Partners.

Para mover su dinero en el Caribe, Oleguer utilizaba las compañías Isla Quesito Headquarters Corporation, Isla Quesito Real State, SDColor BH Ltd., y Molamol Headquarters Corporation, todas ellas con sede en Nassau (Bahamas). En Panamá opera con Molamol, Sociedad Desarrolladora Color S. A. y Development S. A. Una despampanante manera de «hacer país».

Josep: el dandi

Josep Pujol Ferrusola es el hijo dandi, el culto, el que estaba llamado a tener un peso específico dentro de la familia, aunque él siempre quiso ir por libre y dedicarse a sus negocios. Hay una cosa cierta: ha sido quizás el miembro más activo, empresarialmente hablando, de la familia, aunque se hayan visto mucho más los movimientos de Jordi
y de Oleguer. Josep, en cambio, siempre supo esconderse en la trastienda de los negocios. Muchas de las iniciativas emprendidas por Jordi tenían, sin que nadie lo supiese, el apoyo económico de Josep, que invertía en negocios seguros.

Josep entró como socio en una compañía formada en Madrid, Innovative Solutions, en la que también participaban, en el año 2000, la sociedad Iniciatives Marketing i Inversions, en la que eran socios Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes, y dos personas más: Josep Pujol Ferrusola y Santiago Ballesté Coflent, tradicional socio en algunos negocios de Júnior. Durante su trayectoria, Josep estuvo trabajando en el Crédit Suisse España, pero entró a formar parte de la cúpula directiva de
compañías como Labiernag, Laboratorios Favea, Mercados y Gestión
de Valores, BMB Documental, Inversiones Promorim, Promomed, Agrupació Mutua del Comerç i de la Indústria o Projectes Barcelona.

Curiosamente, esta última compañía, creada el 4 de julio de 1985 y dedicada a la realización de todo tipo de estudios y trabajos relacionados con la arquitectura, la delineación, el diseño y la decoración, acabó siendo administrada desde el 22 de noviembre de 1991 por Jordi Pujol Ferrusola. Pero no era su hermano. El Jordi Pujol Ferrusola de esta sociedad era un agente de la propiedad inmobiliaria que también vivía, casualidades de la vida, en la Ronda General Mitre, como la familia del presidente de la Generalitat. De edad similar a la de Josep, el Júnior ful se quejaba oficialmente de que la coincidencia de nombre y apellidos le perjudicaba en su carrera, pero luego sacaba tajada en negocios diversos. Acabó creando empresas relacionadas con arte que falsamente se atribuyen al hijo homónimo del presidente del Gobierno catalán.

Pero en abril de 1992 la sociedad cambia de objetivo social y pasa a tener como dedicación exclusiva «la adquisición o promoción de fincas urbanas para su explotación en régimen de arrendamiento». En ese momento, también son nombrados como administradores solidarios, por un periodo de diez años, Jordi Pujol Ferrusola (el ful) y Josep Pujol Ferrusola, el dandi, el hijo del president.

En 1998 se sentó en el consejo de administración de Distrex Ibérica (que luego cambió su nombre por el de Laboratorios Favea) junto a José Torres Ibáñez y Salvador Torrents, uno de los ejecutivos que pasó por las cúpulas de Prodesfarma o AC Hoteles, y Santiago Oller Daurella, uno de los accionistas de referencia de Laboratorios Almirall. Torres y Oller compartían cargos e intereses en el holding de Antonio Vila Casas.

Pero lo cierto es que la trayectoria de Josep se ha vinculado casi exclusivamente a la sociedad Europraxis, una asesoría mimada por el gobierno catalán y vendida por 45 millones de euros a Indra en el año 2002. La operación de venta fue polémica. En plena negociación, Indra fue beneficiada por un contrato de 13,8 millones de euros del gobierno para modernizar su gestión tributaria. Y a punto de terminar la compra, con otro de 3,43 millones para mejorar la regulación del tráfico. A ellos hay que sumar otro contrato de la Autoridad Metropolitana del Transporte por 4,78 millones y un cuarto con el Puerto de Barcelona, para la formación de la sociedad Estibarna. En un año, tras hacerse con Europraxis, triplicó su facturación.³⁰

A Josep le correspondió la sexta parte de los casi 45 millones y tuvo que negociar con Hacienda el pago de impuestos. En 1999, Europraxis intervino en la mayor privatización que acometió hasta ese momento la Generalitat: se trataba de asesorar a France Telecom, que al final se hizo con el 65 por ciento de Catalana de Comunicaciones (Al-Pi), la empresa pública que se vendía. La firma gala pagó 49,38 millones de euros por su paquete accionarial y Europraxis recibió 360.000 euros por los servicios prestados.

En el año 2002, la compañía de Josep fue escogida para asesorar en el cierre de la multinacional Lear, que anunciaba su deslocalización de Cervera, dejando a la comarca como un páramo laboral tras el despido de ochocientos trabajadores. Por parte de la Generalitat, el negociador para supuestamente evitar la deslocalización era Oriol Pujol Ferrusola. El tema, pues, se quedaba, prácticamente, en una negociación entre hermanos, aunque en realidad las negociaciones fueron más complejas. Si a ello se le añade que el consejero del ramo era primo del presidente Pujol, se conforma una estampa típicamente nepotista en la estructura gubernamental e industrial.

Las sospechosas maniobras de Europraxis provocaron una investigación de la Sindicatura de Cuentas, que elaboró el informe 21/2004 sobre las contrataciones efectuadas por el gobierno catalán de 1996 a 2002 con las empresas Europraxis Consulting Holding, Europraxis Consulting, Cosmopraxis e Indra. Con esta última, los contratos ascendieron a 15,7 millones de euros en el periodo mencionado. Con Europraxis, sorpresivamente, no se encontraron vinculaciones. El informe descubrió, no obstante, que otra empresa del grupo Europraxis, Green-Tal, había recibido casi 30.000 euros del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Pero este expediente no hizo sino aumentar las sospechas de corrupción. La fiscalización se dividió en seis apartados y se responsabilizó de cada una de las partes a un síndico. A mediados de 2003, todos habían acabado su trabajo excepto el convergente Xavier Vela, curiosamente amigo personal de Jordi Pujol. El informe estuvo paralizado por esta cuestión durante varios meses y solo se finalizó bien entrado el año 2004.

Dos años después, en 2006, trascendió, sin embargo, que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) había destruido doce expedientes de contratación con empresas de Josep Pujol Ferrusola. Y se supo también que los ayuntamientos a los que se había pedido documentación, en su gran mayoría convergentes, se negaron a facilitar a la Sindicatura de Cuentas datos sobre si habían contratado con Indra o Europraxis. Esta negativa levantó un cierto revuelo político, hasta el punto de que el síndico mayor pidió al Parlamento catalán arbitrar alguna medida para obligar a las administraciones a entregar la documentación que pide el organismo fiscalizador.

Por las mismas fechas, el nombre de Josep Pujol salió a relucir en otras dos investigaciones: por haber cobrado comisiones de la compañía Media Park y por haber cobrado de la Mutua L’Aliança, al frente de la cual el gobierno había puesto a Ramón Carranza. Este llegó a admitir públicamente que la intervención que la Generalitat hizo de esta institución sirvió para enriquecer a empresarios afines a CiU y citó entre los beneficiados a Josep Pujol Ferrusola. Efectivamente: Europraxis se embolsó de la clínica, cuando esta se hallaba bajo medidas cautelares del gobierno de Pujol y en bancarrota técnica, un total de 109.669,93 euros por asesoramiento.

El hijo del president tenía más intereses. Su larga mano iba más allá de Europraxis, su firma Tourisme & Leisure dejó también agrios recuerdos en la Administración autonómica. Y ahí le ayudó de nuevo el primo político de su padre, Antoni Subirà, consejero de Industria.

Tourisme & Leisure se vio salpicada en el denominado «Caso Turismo»: el Consorcio de Turismo de Cataluña, que estaba bajo sospecha de desvío de dinero, había encargado tres estudios a esta empresa por los que pagó casi 125.000 euros en 1995. Esa misma empresa se vio envuelta en otra polémica al cobrar dos veces por un mismo trabajo, un informe encargado por el Consejo General de Arán. Todo era un tremendo negocio.

En 2001, de nuevo Subirà encargó desde el departamento de Industria otros tres informes a esta sociedad, por un monto de 126.212 euros (21 millones de pesetas), encargos que intentó ocultar luego en sus respuestas parlamentarias, cuando fue interpelado por los partidos de la oposición. Si verdaderamente hubo oscurantismo político durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, el caso más paradigmático fue el de las adjudicaciones a las empresas de su hijo Josep, el negociante. Dos de los informes encargados por Subirà evaluaban las posibilidades económicas de un proyecto de la empresa Giturística S. A., que pidió un crédito al Instituto Catalán de Finanzas. La Secretaría General de Industria, entonces regentada por Oriol Pujol, avaló un crédito del ICF por 1,5 millones de euros, basándose en los informes de la empresa de su hermano. Curiosamente, este crédito se concedió al día siguiente de que Giturística obtuviese la licencia de Industria para operar como central de reservas y sin tener todavía activos materiales. Un récord de efectividad que expandía el tufo de la corrupción, luego apresuradamente tapada en el Parlamento con la ayuda del PP, entonces socio político.³¹

El otro estudio llevaba por título «Manual técnico de destinos deportivos en Cataluña». El director general de Turismo, Xavier Civit —otro amigo de los hijos del clan—, ocultó al Parlamento este último encargo, que había costado más de 114.000 euros. Más tarde, cuando se le exigieron explicaciones oficiales, tuvo la osadía de decir que a él le habían reclamado los estudios encargados… no los manuales. Así pues, no los había entregado. Un ejemplo más del cinismo que caracterizó a la Administración en manos de la familia Pujol. Pero queda claro el círculo vicioso: un Pujol (Jordi) preside el gobierno; otro Pujol (Oriol) es secretario general de Industria; otro Pujol (Josep) recibe encargos públicos; y el primo de los Pujol (Antoni Subirà) es el consejero de Industria bajo cuyo manto se hacen las operaciones.

A comienzos de la primera década del 2000, con la polémica sobre los supuestos negocios que estaban realizando los hijos del presidente de la Generalitat, Josep salió a la palestra y publicó una «carta abierta» en la prensa. «Nunca tuve una vena artística, ni me sentí atraído por la farmacia o la biología. Tampoco tenía un negocio familiar por el que luchar y escogí estudiar ciencias empresariales en Esade. Después, perfeccioné mis conocimientos durante dos años más en la Universidad de Nueva York, donde me licencié en el año 1989 con un posgrado en administración de empresas. Desde entonces, no he parado de trabajar». Era enero de 2002 y se ufanaba de que Europraxis daba trabajo entonces a más de doscientos cincuenta profesionales y tenía oficinas en seis países de América y Europa: «El año pasado, su facturación superó los 6.000 millones de pesetas, incluyendo el negocio aportado por Tourisme & Leisure».

Hacía exactamente tres meses que la multinacional Indra había ejecutado la compra de Europraxis por casi 45 millones de euros. Los expertos aseguraban que no valía más de 9 millones. Pero lo cierto es que en los siguientes meses y años comenzaron a lloverle los contratos con el gobierno catalán.

Josep Pujol Ferrusola, no obstante, aseguraba que los contratos con la Generalitat solo suponían para su empresa el 0,25 por ciento del total y decía algo mucho más grave: que las contrataciones con el gobierno de su padre «siempre han sido a través de concursos públicos, donde se demuestra que la propuesta no solo se justifica técnicamente, sino que es competitiva en cuanto a modo». Ni que decir tiene que sus pretendidos concursos eran, en realidad, contrataciones directas, lo que se llama procedimiento negociado, para el cual no se convoca concurso alguno, sino que se piden solo tres presupuestos y se elige el que más convenga… o sea, el que interesa al contratador.

Por ello, solicitaba una ley, si se decidía así, para evitar que los familiares de altos cargos de la Administración pudiesen tener contratos con esta. «Eso sí que sería una ley, pero entonces alguien debería indemnizar, obviamente de forma económica, a todo este colectivo afectado por las actividades políticas de su pariente por el perjuicio que les crea». Todo, para concluir: «Por favor, seamos serios. Yo sé que esta batalla no tiene realmente nada que ver conmigo ni con mis hermanos. Nosotros somos solo un arma cómoda para destrozar a un adversario político, que en este caso es mi padre y las ideas que él defiende».³² Claro que lo decía el avispado que tenía una cuenta secreta millonaria en Andorra, que se estaba beneficiando de contratos a dedo desde la Administración, que acababa de vender su compañía por un precio exagerado y al que acababan de ofrecer «gratis total» todas las sedes del Instituto de Logística Iberoamericano (ILI) para hacer negocios desde las mismas. Un botón más de muestra del modo de gestionar Cataluña por parte de un clan.

El amigo americano

Josep vivió un episodio cuanto menos singular. Íntimo amigo de Juan Manuel John Rosillo, el factótum de Kepro, la multinacional que construyó el centro comercial Diagonal Mar, pasó su luna de miel en un rancho que este tenía en Texas, Estados Unidos. Durante una temporada, Rosillo fue incluso más importante, empresarialmente hablando, que Javier de la Rosa, el empresario del régimen pujolista, al tiempo que se había labrado fama de ser el mayor comprador del mundo de cuadros de Doris Malfeito, la esposa de Macià Alavedra, entonces consejero de Economía. Los cuadros de Malfeito eran tasados, como mínimo, en un millón de las antiguas pesetas, ya que, de ese modo, tenían derecho a entrar en la consideración de obras de arte, según la legislación vigente.

Rosillo se fugó a Panamá en el año 2002, acosado por los escándalos en Barcelona: había contratado a Juan F. B., un deficiente mental (uno de los abogados de Rosillo le conocía porque habitualmente le daba limosna), para ponerlo de tapadera en compraventa de terrenos en Pueblo Nuevo. Luego, le compró un traje, un Rolex y lo soltó en Venezuela. Meses después, desharrapado, el testaferro vio un letrero y entró en la oficina: era una sucursal del Banco Exterior de España, donde le atendieron y lo llevaron a la embajada, descubriéndose todo el pastel. Al muchacho solo le llamó la atención el nombre España del letrero y entró a pedir ayuda. Así fue como se descubrió el pastel.

Rosillo también fue juzgado y condenado por fraude fiscal y homicidio culposo después de atropellar a un joven en la Costa Brava cuando conducía ebrio.

El polémico empresario apareció muerto de un infarto el 21 de octubre del 2007 en el hotel Embassador, en el barrio Bellavista de Panamá City. El personal del hotel encontró su cadáver en la habitación 207, mientras su Chevrolet pick-up estaba aparcado en la puerta del establecimiento. Su abuelo había fundado en 1905 la compañía de seguros La Equitativa, desaparecida durante los noventa, y había sido uno de los mayores apoyos que había tenido Emilio Botín sénior para levantar su imperio bancario. Los Rosillo habían llegado a tener el 10 por ciento del Banco Santander. Juan Manuel nació en México DF y se crio en Texas, donde compartió colegio con Jeff Bush, luego gobernador de Florida y hermano del presidente de los Estados Unidos.

En 1988, John llegó a Barcelona dispuesto a comerse el mundo y a hacer negocio con la compraventa de terrenos. Fundó Kepro y creó el complejo de Diagonal Mar, el mayor centro comercial de Europa en su momento, en el que pensaba invertir la estratosférica cifra de 10.000 millones de las antiguas pesetas (unos 60 millones de euros). Compró terrenos pagando en negro y creó sociedades pantalla como Profimar, al frente de la que puso al disminuido psíquico que luego envió a Caracas. Su estrategia consistía en que los propietarios vendían terrenos a Profimar por un precio bajo en escritura y esta los revendía luego a Kepro a precio real, mucho más elevado. Luego, no pagaba impuestos y Hacienda debía buscar a los testaferros de esa compañía mientras Kepro aducía que sí que había abonado a Profimar el IVA correspondiente. El fraude fiscal se cifró en más de 8 millones de euros. El Tribunal Supremo condenó luego a Rosillo a seis años y medio de cárcel por tres delitos de fraude y le impuso una multa de 731 millones de pesetas, que nunca abonó. Sus socios, condenados a las mismas penas, no pisaron la cárcel.

El 29 de septiembre del 2003 fue detenido en Panamá, pero no pudo ser extraditado porque el país centroamericano no tiene tratado de extradición con España por fraude fiscal. Sin embargo, fue detenido de nuevo el 29 de marzo del 2005, al haber sido hallado culpable de homicidio culposo de un joven. Pasó ocho meses en la prisión El Renacer, donde perdió 21 kilos de peso y se hacía llevar la comida de un restaurante ajeno al centro, al mismo tiempo que pagaba protección a otros presos.

John Rosillo, que alardeaba de haber comprado a media Barcelona con dinero negro, se llevó a Panamá a Josep Pujol a finales de los noventa y lo paseó en helicóptero para que viese terrenos en los que podía invertir. El anfitrión de ambos era Nicolás Barletta, presidente de la Autoridad de la Región Interoceánica, el organismo que gestiona la zona del Canal de Panamá. Lo malo es que allí coincidieron con John Lee Anderson, un periodista estadounidense que luego contó su extraño encuentro con los «dos importantes inversores españoles» en un artículo en el The New Yorker con fecha 29 de noviembre de 1999. Escribía el eminente periodista:

Uno de los españoles, el señor Rosillo, era un hombre obeso impetuoso, con una llamativa chaqueta dorada. El otro, el señor Pujol, era bajo y nervioso y vestía ropa con colores más apagados. Barletta les estaba dando tratamiento de vip, el cual incluía un helicóptero alquilado para ver las propiedades disponibles. Los españoles estaban visiblemente incomodados por mi presencia y Barletta hizo que nuestro encuentro fuera breve. Más tarde, me explicó que el señor Rosillo era un hombre de negocios español-norteamericano increíblemente rico, un financiero internacional muy interesado por invertir en Panamá (…). El señor Pujol, una «figura mayor» en el negocio español de la construcción, a menudo trabajaba con el señor Rosillo en «proyectos internacionales a gran escala» (…). Pronto descubrí por qué los dos españoles, catalanes en verdad, habían estado nerviosos cuando yo estuve junto a ellos. Resultó que el señor Pujol era Josep Pujol, uno de los varios hijos de Jordi Pujol, el presidente de la región autónoma de Cataluña, un kingmaker [se podría traducir por figura de relieve] en la política española. El gran amigo y socio del señor Pujol, el señor Rosillo, no era otro que Juan (John) Manuel Rosillo, que estaba libre bajo fianza y esperando a ser sentenciado por estafa, por un fraude de impuestos multimillonario cometido hacía varios años en España. Al poco de nuestro encuentro en Panamá, Rosillo fue sentenciado a seis años y medio de prisión por un juez de Barcelona, pero apeló.

Kepro acabó presentando suspensión de pagos en 1997 y el centro comercial Diagonal Mar fue terminado por Hines, y Rosillo, antes de huir a Panamá, se fue a vivir a un barco de su propiedad, porque su esposa le echó literalmente de su casa.

Según algunos informes policiales, los Sumarroca beneficiaron a Josep Pujol Ferrusola al transferirle activos muy superiores a los que supuestamente debían a través de la empresa MT Tahat. El patrimonio de esta compañía era impresionante: tres pisos en la calle Canalejas, otro en la plaza Herenni, otro en la calle Alberes, una casa en la calle Alcolea, un local de 116 metros cuadrados en la calle Massens, nueve locales en la calle Pujades, un local en Torrent de l’Olla, dos viviendas en la calle Pierre Vilar de Girona y tres apartamentos en la Avenida Gloreal de Manacor.

MT Tahat fue creada el 30 de julio de 1997 como inmobiliaria. Sus primeros administradores fueron José Luis Gros y Jorge Carlos Esparza. En el año 2000, se nombra administrador a Jaume Ferrer Graupera, que poco después es fichado por Joan Laporta para formar parte de su junta directiva, donde acabaría siendo tesorero y vicepresidente. De Jaume Ferrer, un empresario al que su propio suegro había acusado de competencia desleal, se dijo siempre que era un testaferro de Josep Pujol Ferrusola. En realidad, había sido accionista de Europraxis Group y ya bien entrado el siglo XXI vendió su porcentaje del 16 por ciento en esta sociedad con unas importantes plusvalías. Con Ferrer dominando el timón, MT Tahat amplía su objeto social en 2003 para dedicarse también a «la adquisición, tenencia, disfrute, venta o gravamen de acciones y participaciones en empresas, así como la administración, dirección y
gestión del conjunto de las actividades empresariales de las empresas participadas».

En 2005, MT Tahat como tal se cuela en el consejo de administración de la compañía Business Improvement, una sociedad de inversión que, un lustro más tarde, aterrizó en el consejo de Nauta, la empresa de inversión de Ferrán Soriano. Ferrer dejó de ser administrador de MT Tahat en junio del 2010 y lo sustituyó Luis Vergés, un viejo socio de Josep Pujol en Promomed. Desde junio de 2010, se nombró apoderado de la empresa a Francisco José Vinaches, apoderado igualmente de varias empresas controladas por Josep Colls Alsius, suegro de Josep Antoni Duran Lleida. En octubre de 2014 fue designada como administradora única de MT Tahat Laura Pujol, hija de Josep Pujol Ferrusola. La cuarta generación comienza a ocupar puestos en el organigrama.

Los informes policiales apuntan a que el hijo del expresidente de la Generalitat recibió de los Sumarroca una empresa que pagó a muy bajo precio y que es la que tiene en propiedad la casona de La Tour de Carol, en el sur de Francia. Solo esa casona está valorada en 2 millones de euros. Según publicó el diario ABC, sin embargo, «el 20 de diciembre de 2004, cuando se cumplía un año exacto de la salida de Jordi Pujol del gobierno de la Generalitat, su hijo Josep suscribió 281.300 acciones de la sociedad patrimonial MT Tahat por las que pagaría 1,7 millones de euros. El registro mercantil demuestra que al cierre de 2012, último balance disponible, la sociedad, domiciliada en la calle Diputación de Barcelona, acumulaba una importante cifra de activos: 7,5 millones de euros. Entre el patrimonio de MT Tahat transferido a Josep Pujol está la casa de 2.000 metros cuadrados y la finca de la que disfruta en la Cerdaña francesa».³³ El diario añadía que, como sociedad patrimonial, la compañía posee participaciones en otras mercantiles, «entre ellas una radicada en Suiza, Heritage Finance Trust. La participación de Tahat no es directa, sino a través de otra sociedad interpuesta, denominada CLM Dos».

Sobre Josep Pujol Ferrusola penderá siempre una extraña aventura ocurrida en el año 2011 en Argentina, donde fue detenido en la frontera con Chile. La información recogida por el Equipo Nizkor despeja cualquier duda:

El sospechoso paso de la frontera se produjo el 5 de noviembre de 2011. Aquel día, Josep Pujol Ferrusola cruzó el límite entre ambos países sudamericanos a bordo de una furgoneta Toyota pick-up con matrícula IFD-170 por el paso de Jama, un punto en los Andes a más de 4.000 metros de altitud que enlaza la provincia chilena de Antofagasta con la argentina de Jujuy. Fueron, precisamente, los agentes de la Gendarmería Nacional de este último país los que sospecharon del vehículo y su ocupante (no consta si iba acompañado), por lo que procedieron a interceptarlo. Durante el registro, los agentes localizaron en el interior una importante cantidad de billetes cuya suma exacta no ha trascendido. Pese a lo irregular del «equipaje», los policías dejaron continuar su camino a la furgoneta y a su ocupante, no sin antes tomar nota tanto de la identidad de los mismos como de la matrícula del vehículo para iniciar sus propias pesquisas.

La posterior consulta de la base de datos de automóviles arrojó a la Gendarmería argentina los primeros datos llamativos. La furgoneta figuraba a nombre de una empresa dedicada a la ganadería bovina y al cultivo de soja, trigo y girasol llamada Agropecuaria Andorrana S. A. y que anteriormente se había denominado Pyrenees Sudamérica S. A. Su sede estaba en la cercana provincia de Salta, célebre en España porque en la misma está enclavado el latifundio de limones relacionado con Luis Bárcenas. Como presidente de la sociedad figuraba un prestigioso abogado argentino, Carlos Alberto López Sanabria, poseedor también de la Compañía Industrial Cervecera S. A. y Ganadera del Valle de Anta S. A., así como de un bufete situado en el número 821 de la calle Santiago del Estero de la capital de esta provincia argentina. Los agentes también pudieron comprobar que ese mismo domicilio figuraba como sede social de Agropecuaria Andorrana, pero también de otras empresas, entre ellas dos constituidas en junio de 2008 y dedicadas a realizar inversiones inmobiliarias: Puerto Madero I S. A. y Puerto Madero II S. A. La denominación de ambas hace referencia a la célebre zona de Buenos Aires en la que diversas informaciones sitúan intereses económicos de otro miembro del clan, Jordi Pujol Ferrusola.

Las autoridades argentinas también pudieron recomponer la estancia de Josep Pujol Ferrusola gracias a los registros de entrada y salida en el país. Así, la policía de este país detectó su llegada al aeropuerto de Buenos Aires el 28 de octubre de aquel año a bordo del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR-1161. Dos días después, sin embargo, abandonaba el país por carretera rumbo a Bolivia. Para ello, utilizó el puesto terrestre de La Quiaza-Villazón. A partir de ese momento, las autoridades argentinas perdieron su rastro, hasta que seis días después, el 5 de noviembre, fue detectado de nuevo entrando en el país, aunque en este caso procedente de Chile. Es el cruce de frontera en el que se le detectó a bordo de la furgoneta con dinero en efectivo. Un día después, Josep Pujol Ferrusola abandonaba el país a través del aeropuerto de Buenos Aires rumbo a España a bordo del vuelo AR-1160. En total, diez días de estancia.³⁴

Pere, el ecologista

Pere Pujol Ferrusola es el hermano varón más moderado. Alejado de la política como profesión, su nombre salió en multitud de ocasiones ligado a ella gracias a los contratos que los sucesivos gobiernos de su padre o que otras administraciones en manos de CiU hacían a la empresa en que trabajaba. De nuevo, el patrón Pujol aflora en este miembro y en sus relaciones con la Administración.

Pere Pujol, al acabar la carrera, entró a trabajar en la empresa Eco-lògica, propiedad de un ingeniero agrónomo y especializada en consultoría de gestión de residuos. Allí estuvo desde febrero de 1991 hasta mayo de 1993, cuando pasa a trabajar para la compañía Entorn, creada en esa fecha. Durante esa etapa, Eco-lògica facturó al consejo comarcal diversos trabajos que al final no se habían realizado. El escándalo acabó con el propietario de la compañía, Armand Gutiérrez, y el exgerente del Consejo Comarcal del Priorat, Enric d’Anguera, condenados a cuatro y cinco años de prisión respectivamente (al empresario se le redujo en un año la condena) por malversación de caudales públicos y falsificación. Las condenas, así como una indemnización de 190.000 euros, fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en el año 2003.

A pesar de que Pere trabajaba en la empresa, el escándalo jamás salpicó a la familia Pujol; sin embargo, ha quedado grabada en la memoria colectiva del Priorat su asociación con el clan Pujol. No deja de ser extraño, por otra parte, que en su comparecencia parlamentaria en 2015, Pere recordara que él había hecho un proyecto en esa comarca, a la que se desplazó con el director técnico de la empresa. «Recuerdo que estuvimos allí con el coche, dos o tres días paseando por el país, muy bonito, tomamos fotos, tomamos medidas, tomamos análisis de agua, de suelo… e hicimos los proyectos de clausura de los vertederos. Recuerden que en aquella época, los vertederos de Cataluña estaban… todo eran comarcas con vertederos incontrolados, lo deben de recordar».

Aunque popularmente se le ha achacado la propiedad de la compañía Entorn, lo cierto es que fue solo un empleado hasta que en 2007 terminó con un paquete de acciones en los bolsillos.

Esta compañía fue creada el 4 de junio de 1993 por Pier Carlos Luis Berglund, Alberto Sumarroca Claverol y Joan Tasias Valls, este último obrando en representación de la Compañía de Estudios y Servicios para el Medio Ambiente (Codema), también propiedad de los Sumarroca. La compañía fue creada para dedicarse a la prestación de servicios de ingeniería, estudios y consultoría en el campo del medio ambiente, la producción y la industria agroalimentaria, aunque también daba servicios para el desarrollo, adquisición y venta de tecnologías y equipos en los sectores de medio ambiente, agrario, forestal e industrial. El mismo día, Tasias extendió un documento notarial en el que daba amplios poderes, como director de la compañía, a Pere Pujol Ferrusola. Desde entonces, continuó ininterrumpidamente en el mimo cargo. ¿Una nueva concesión de los Sumarroca a la familia?

Lo cierto es que Entorn nació con un pan debajo del brazo. O, mejor dicho, con un reguero de encargos oficiales. Para ello, y a la espera de que la propia Administración de la Generalitat le pudiera adjudicar otras cosas, se echó mano de los consejos comarcales, que eran unos órganos creados por Jordi Pujol para contrarrestar el poder municipal de la izquierda. Como la mayoría de los ayuntamientos estaban en manos del PSC, interpuso una estructura más a modo de cuña entre los ayuntamientos y las diputaciones, en su mayoría también en manos socialistas. De este modo, el Estado en Cataluña dispone de la administración local o municipal, del consejo comarcal, de la estructura provincial que le ofrece la diputación, de la administración autonómica y de la administración del Estado. En total, seis niveles de administración que al final acaban pagando todos los ciudadanos. Los consejos comarcales manejan una cifra escalofriante: en 2012, repartían la friolera de 600 millones de euros, que se escurrían entre proyectos diversos, pero que también servían para pagar la estructura, dietas e informes encargados a los amigos.

En su primer año de existencia, Entorn realizó el censo ganadero de las comarcas de Osona, en la Cataluña profunda, Conca de Barberà, Urgell y Les Garrigues. Se embolsó por ello 38,5 millones de pesetas (unos 232.000 euros). Pero a ello hay que añadir el censo industrial de las comarcas del Gironès, Alt Camp y Maresme. O sea, otros 35,5 millones (unos 210.000 euros). El mayor de los contratos fue el de Osona, cuyo consejo comarcal presidía Jacint Codina, diputado de CiU. Le dio a la compañía del hijo del jefe nada menos que 28 millones de pesetas. Convergència trató de esconder todas las adjudicaciones, pero al final tuvo que dar explicaciones, aun ocultando más de la mitad de los contratos. Un responsable del partido salió reconociendo al final que en tres comarcas era la oferta más barata, en otra las ofertas más baratas eran «temerarias» y en una quinta no ganó Pere Pujol. Nada más. ¿Y en cuál había «ofertas temerarias»? En Les Garrigues, la de Entorn era la más cara. Pero la empresa había contratado a la hija del vicepresidente del consejo comarcal y máximo dirigente convergente en la comarca, Antoni Gorgues. De ese modo, se embolsó los 5,2 millones de pesetas (31.200 euros) de la adjudicación.

Todo ello ocurría en el año 1994 y las cifras que hoy pueden parecer ridículas eran, entonces, estratosféricas. En ese ejercicio, le encargaron también un informe «a la carta» para justificar una planta embotelladora de agua mineral en el Montseny. Había que argumentar que no existía déficit de agua en el subsuelo para poder extraer 56.000 metros cúbicos anuales del manantial y ponerlos en el mercado. No problem.

En ese año, el entonces consejero de Medio Ambiente le dio la bienvenida encargándole un estudio sobre el Plan de Protección de Espacios de Interés Natural (PEIN) por 3 millones de pesetas (18.000 euros). No fue el único departamento. Tanto Agricultura como Política Territorial y Obras Públicas también le echaron una mano. En Agricultura era consejero Francesc Xavier Marimón, uno de los protegidos de la familia, al que luego su hermano Jordi le ofrecería ser delegado de la Generalitat en Madrid. Le encargó un estudio sobre el impacto ambiental de los caminos desde Vilalba dels Arcs hasta la ermita de Berrús y desde Bot a Caseres. Desde Obras Públicas, Josep Maria Cullell (que poco después dimitió por un escándalo del que, al final, salió absuelto) le encargó el estudio del impacto ambiental sobre el proyecto de variante de Valldan a Berga, en la carretera C-149.

Durante los gloriosos noventa, Entorn fue recibiendo importantes encargos de las empresas públicas Gisa (que controlaba toda la obra pública) y Regsa (que controlaba todo el área del regadío). A mediados de la década comenzó a recibir también dinero del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN). Entorn participó, gracias a este organismo, en al menos tres programas financiados por la Unión Europea dentro del ámbito de la biomasa, valoración energética de los residuos sólidos urbanos y los impactos medioambientales del consumo de la energía. Recibió del ICAEN casi 6 millones de pesetas (unos 35.000 euros), que se habrían de sumar a más de 7 millones de la Consejería de Medio Ambiente. La empresa de Pere Pujol facturó cientos de miles de euros a la Administración. Hasta tal punto era importante el volumen de facturación pública que a finales de los noventa sus principales clientes eran Generación de Energía (la compañía de energía eólica donde tenían intereses Sumarroca y Joan Fages, otro convergente de pro), la Autoridad Portuaria de Barcelona y Ferrovial, la empresa luego implicada en el escándalo del Palau, donde está acusada de pagar una mordida del 4 por ciento de la obra pública que le encargaban, como donación a Convergència.

La lista de los encargos sospechosos era enorme. En algunos círculos comenzaba también a circular el rumor de que los informes a medida de esta compañía podían solucionar muchos problemas; pero, como suele ser habitual en estos casos, había más de leyenda que de verdad en los rumores. Sí es cierto, por ejemplo, que Entorn fue la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental del campo de golf de Vilanera, después de que un primer estudio lo desaconsejase. El gobierno también le encargó el del canal Xerta-La Sènia, lo que supuso el inicio de las obras del trasvase del Ebro, camufladas como mejoras para el regadío. Pero uno de los más importantes fue el informe para la apertura del canal Segarra-Garrigues, la mayor obra civil de Europa en su momento, desautorizado por la Consejería de Medio Ambiente.

Entre 2000 y 2001 las empresas públicas Gisa y Regsa encargaron a Entorn tres informes por casi 200.000 euros. Al año siguiente, la Consejería de Medio Ambiente adjudicó a dedo otro informe de más de 170.000 euros a una Unión Temporal de Empresas formada por Tecnoambiente y Entorn.

A comienzos del siglo XXI, la proliferación de parques eólicos fue un campo abonado para los intereses de Entorn, que vio crecer su cifra de negocio como la espuma. Ya se ha explicado anteriormente cómo se realizó el desbloqueo de varios parques eólicos porque la Consejería de Medio Ambiente tenía informes ambientales negativos sobre el impacto de los mismos. Oriol Pujol Ferrusola, recién ascendido a secretario general de Industria, ordenó nuevos informes (algunos a la empresa de su hermano) para justificar la concesión de las licencias. La luz verde llegó en un tiempo récord de semanas.

Pero, en esa época, Entorn comenzó también a recibir otros encargos, como el estudio de impacto ambiental del alargamiento de la línea 4 del Metro de Barcelona. Eran los estertores del pujolismo y, por si acaso, CiU iba atando compromisos empresariales: adjudicó deprisa y corriendo la línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia (con un dimensionamiento tal que el tripartito tuvo que reducir el techo construido) y otras obras de envergadura.

En la última legislatura de Jordi Pujol, que terminó en 2003, la oposición reclamó una comisión de investigación sobre los contratos a empresas de los vástagos del clan Pujol, pero las propuestas nunca prosperaron: CiU, que no tenía mayoría absoluta, contaba con el apoyo del PP en el Parlamento catalán.

28 18.729.360 euros le costó la sede de Prisa en la calle Caspe de la capital catalana. Respecto al edificio del grupo editorial de Gran Via de Madrid, el precio pagado fue de 245.549.960 euros; y la sede de la calle Miguel Yuste alcanzó los 83.720.680 euros.

29 El 18 de septiembre del 2014, Hacienda le comunicó que debía comprobar su declaración de bienes y derechos en el extranjero durante 2012 y 2013.

30 El País, 2 de marzo de 2002. Según este diario, Indra cerró la compra de Europraxis el 5 de abril de 2001. Pagó 44,476 millones de euros por el cien por cien de Europraxis. La operación culminó el 31 de diciembre de 2001. Pujol y sus cinco socios se comprometieron a continuar como ejecutivos durante, al menos, cuatro años.

31 El crédito se había concedido en octubre de 2001 para poner en marcha el portal Eoland.com. Tras obtenerlo, fichó a Marcel Forns, director del Consorci de Turisme de Catalunya, que era quien había contratado a Tourisme & Leisure con cargo a los fondos de la Generalitat. En abril de 2003, el proveedor de Internet corta el suministro del portal Eoland por impago. Tampoco abona los plazos del crédito oficial. El gobierno vetó a ICV los documentos de los expedientes, en los cuales se decía que la concesión del crédito era una «operación de alto riesgo» y «no aporta garantías suficientes». En julio del 2003, el Patronato de Turismo, participado por la Diputación de Girona, ha de asumir la gestión de Eoland. Dinero público de nuevo para tapar el agujero.

32 La Vanguardia, 22 de abril de 2002.

33 ABC, 4 de agosto de 2014.

34 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pujol13.html.