III

L

a historia de Mercedes Alaya queda desdibujada como un juego de luces y sombras. El respaldo del Supremo a su trabajo en el caso ERE no es baladí, pero no salva numerosos elementos de la instrucción que son problemáticos. El sumario se dispersa por tantos meandros procesales que hasta a la Fiscalía le cuesta encontrar un hilo conductor.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla ha alertado al menos en cinco ocasiones —la última en abril de 2015— de que el caso ERE está abocado al fracaso. Es una causa con al menos 272 imputados, aunque es imposible saber la cifra exacta, y muchos de ellos llevan años esperando ser citados a declarar para poder defenderse. Los legajos ocupan ya más de 300.000 folios repartidos en 80 tomos, y el conjunto es inmanejable. Por eso los fiscales dedicaron el primer trimestre de 2015 no tanto a investigar el caso en sí, sino a recabar todo tipo de pruebas periciales, declaraciones e informes para demostrar que es imprescindible disgregar el proceso en tres grandes bloques: uno sobre las ayudas concedidas, otro sobre las sobrecomisiones pagadas a los intermediarios y un último bloque sobre el procedimiento de pago de los ERE, que tendría a su vez más de doscientas piezas separadas.

La prolija instrucción ha permitido a la jueza Alaya abrir constantes y sucesivas líneas de investigación que han convertido el caso en «una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable», en opinión de los fiscales. La instructora siempre se negó a trocear las diligencias, convencida de que se trata de un sumario inescindible, pero ello supone que la instrucción no concluirá hasta que los expertos de la Guardia Civil analicen todas y cada una de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a lo largo de una década, un trabajo que requerirá todavía varios años. Por ejemplo, en el ERE de la minería onubense, que benefició a 1.169 trabajadores, la Guardia Civil ha detectado irregularidades en las pólizas de más de trescientas personas. Y aún no han podido empezar con los expedientes de Santana Motor o Delphi, por citar solo dos de ellos.

Una vez que la jueza Núñez Bolaños se hizo con el control absoluto del sumario, ha comenzado a trocearlo para garantizar la «agilidad procesal», y ya hay cuatro piezas separadas, cuya instrucción ha delegado en su juez de refuerzo. Decisión que ha alimentado las sospechas de quienes defendieron, desde el principio, que todo lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla a lo largo de 2015 no ha sido sino una compleja estratagema urdida para apartar a la juez Alaya de los polémicos sumarios. Ajena a estas diatribas, la actual titular del juzgado también ha troceado en nueve partes el sumario que investiga un supuesto fraude masivo en las ayudas de la Junta de Andalucía a la formación de trabajadores en paro.

La solución de la magistrada Núñez Bolaños puede salvar algunos de los obstáculos que afrontan esos complejos sumarios, pero abre otros escenarios de riesgo: una docena de imputados, los que estaban en la cúspide de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía, deberían pasar por el banquillo de los más de doscientos juicios orales que propone la Fiscalía. «A muchos de ellos no les queda vida para tanto», sostiene un defensor que prefiere que el caso se mantenga como una macrocausa que a buen seguro nunca podrá ser juzgada. El precedente del caso Malaya, que con noventa y cinco procesados necesitó doscientas sesiones de juicio, permite atisbar la magnitud del problema.

En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Complutense, la jueza Alaya obvió todos los interrogantes y defendió su trabajo como bien hecho, como una demostración de que «se puede cuando uno quiere o cuando tiene la pasión, el interés necesario; aunque te pongan todas las trabas del mundo, aunque la administración autonómica de turno no dé los medios personales, no importa, el Poder Judicial siempre actúa, siempre de una manera u otra salimos a flote».

Para la jueza Alaya, no sirven las excusas, «hay que trabajar porque la sociedad se lo merece, hay que luchar por ello, por lo que uno cree [...]; si desde la Justicia no podíamos acabar con la crisis, sí podíamos acabar poco a poco con la corrupción, con ese cáncer de la democracia, eso lo teníamos que hacer poniendo nuestra pasión y a tiempo completo, y lo hicimos». Habló en plural porque incluyó al personal de su juzgado y a algunos estrechos colaboradores, un equipo al que tuvo que convencer de que el sobresfuerzo a realizar no iba a tener otra compensación que el impulso de «una nueva forma de impartir justicia que se extendió a través de las pantallas de la televisión o de la prensa, que se contagió, que era necesario contagiar».

Por eso es famosa, por eso «muchos ciudadanos se acercaban a mí y me comentaban que la Justicia estaba en valor, que empezaban a creer de nuevo en la Justicia, y esto para mí era muy importante porque ha trascendido a muchos compañeros que ya sin miedo a las presiones, sin miedo a los poderosos, se han atrevido a iniciar procedimientos que años atrás nos podrían parecer inimaginables [...]. Quizás entre todos hemos iniciado una nueva manera de impartir justicia».

Como los mejores jueces de trinchera, tiene la juez Alaya un club de fans que aplaude sus actuaciones y le atribuye el mérito de haber acabado desde su juzgado con un régimen de opacidad e impunidad que alimentó el poder socialista en Andalucía durante décadas. Disponen incluso de página propia en Facebook cuyo muro despliega un inusitado repertorio tanto de halagos a la juez como de reproches a la clase política.

La propia jueza repartió unas cuantas críticas a los políticos tras recibir el premio de los antiguos alumnos de Derecho. Y en su invectiva coincidió con quienes interpretan las reformas legales impulsadas por el ministro Rafael Catalá como una reacción defensiva frente a la actuación judicial: «A nivel general los políticos vieron que coexistían en el tiempo muchos procedimientos abiertos por corrupción, se vieron en peligro y, aunque se les llenaba la boca diciendo que hay que luchar contra la corrupción, los pactos que hubo en octubre de este año desembocaron en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha puesto de manifiesto que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción creado por los políticos es impedirnos a los jueces combatirla».

El auditorio se vino abajo en aplausos, y la jueza Alaya se vino arriba: «Esa reforma, ni más ni menos, ha mandado al abismo la independencia judicial, que ya no existe; es verdaderamente lamentable tener que decir esto, pero lo siento en mis propias carnes, porque el Poder Judicial no se lo merecía».

Pese al cariz de su discurso, la jueza Alaya no se permitió la desesperanza. En su opinión, «vivimos tiempos de cambio en los que quizá la política ha invadido la justicia para evitar que la justicia se meta en asuntos de política, pero vivimos tiempos de cambios que pueden ser históricos y por eso es necesario implicarnos decididamente en ellos para acometer una renovación de los valores democráticos y recobrar la esencia de los principios constitucionales que nos vinieron de esa época tan mágica que fue la transición democrática».

Tocaba despedirse: «Hemos abierto un camino, y aunque yo ya no estoy con vosotros desde junio de este año por mi ascenso a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y porque no llegó a buen puerto la comisión de servicios por decisión del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, hemos abierto un camino importante que otros tienen que confirmar». En el tribunal andaluz y en el consejo, ciertos responsables respiran ya más tranquilos.