Remordimiento

Consumada la decisión de no presentar recurso, allá por Semana Santa, me fui a Zamora y allí, bajo el influjo de la sobriedad de la Pasión de esa ciudad, medité mucho y con mucho pesar, cada vez más convencido de que había cometido un error, que además ya era irreparable.

Cuando concluyó la legislatura, con sinceridad le dije al presidente Aznar, que me preguntó si quería continuar, que prefería no seguir de Defensor. Me habían colocado entre la espada y la pared, poniéndome en un dilema de conciencia.

Esto, unido a una enfermedad de la vista que me detectaron por aquellas fechas, determinó que no podía seguir al frente de una institución que por lo demás había sido tan grato representar.

No quiero terminar este capítulo sin citar a mis colaboradores más cercanos de aquella etapa, entre los que se encontraban el ya mencionado Tomás Zamora, entrañable amigo e infatigable trabajador, Juan Antonio Ruiz-Huertas, que se vino conmigo desde el ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio Uribarri, excelente adjunto, y María Jesús López Huerta, leal colaboradora de muchos años.

Y especialmente a Diego Bermejo Romero de Terreros, que había sido secretario de la embajada en El Salvador, y con quien compartí situaciones y momentos inolvidables en ese país, y que aquí desempeñaba el cargo de jefe de gabinete.

Quiero resaltar la enorme lealtad y calor humano con el que me sentí arropado en todo momento por el personal de la Defensoría.

Vistas hoy las consecuencias de aquella ley no puedo sino lamentarme de no haberla recurrido. Hoy no se puede estudiar en Cataluña en la lengua oficial común de España. Con mi recurso quizás no se habría llegado a esta chocante situación, aunque también tengo mis dudas de que el Tribunal Constitucional hubiera impedido esta anomalía. Por supuesto, no hicieron ningún caso a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, pese a que se hacían a cambio de no interponer el recurso.

El Defensor del Pueblo es una institución con aspectos claramente positivos. Recibe las quejas de mucha gente, las estudia y las tramita, dirigiéndose a la Administración en nombre de los perjudicados cuando ello procede. Así se solucionan bastantes problemas, aunque otras veces las administraciones escurren el bulto. Con sus memorias anuales también presiona al Estado, de alguna manera, para que mejore su funcionamiento en bien de los ciudadanos a los que tiene que servir. Pero está claro que al final, y más ante casos importantes por no decir decisivos, la independencia de la institución saltaba por los aires.