La sesión parlamentaria del 28 de octubre

El lunes 28 de octubre fue el día señalado para examinar en las Cortes el dictamen aprobado por la Comisión de los 21. El clima de expectación que envolvía este nuevo debate parlamentario era aún mayor que el registrado en la sesión del día 22 en que el escándalo del Straperlo llegó a la Cámara. Todas las tarjetas de entrada se habían agotado desde hacía días, habiéndose formado largas colas, desde muy de mañana, para acceder a la tribuna pública. El salón de conferencias y los pasillos del Congreso se encontraban invadidos por diputados, ex diputados y periodistas desde dos horas antes de dar comienzo la sesión. En el exterior del Congreso eran visibles las precauciones adoptadas tras los disturbios habidos por la mañana, siendo numerosos los guardias de seguridad, a pie y a caballo, apostados en el entorno del edificio. Los incidentes matinales se habían producido como consecuencia del reparto de octavillas suscritas por el SEU, el Sindicato Español Universitario, cuyo texto decía:

El sindicato falangista había sido también el convocante de una manifestación que partió desde la Universidad, marchando por la calle de San Bernardo hacia la Gran Vía, profiriendo gritos contra el Gobierno. Fueron dispersados por las fuerzas de asalto a la altura de la calle Peligros, practicándose la detención de siete participantes.

Al comenzar la sesión parlamentaria se observaba la ocupación casi total de los escaños y unas tribunas materialmente atestadas de público. El banco azul, en el que solamente se encontraba el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Luis Lucia, empezó a ser ocupado por los demás miembros del Gobierno al iniciarse la lectura del acta de la Comisión parlamentaria. Primero entra Joaquín Chapaprieta, presidente del Consejo de ministros, al que siguen el ministro de la Guerra, Gil Robles; el titular de Estado, Alejandro Lerroux; el ministro de Trabajo, Sanidad y Justicia, Federico Salmón; de Marina, Pedro Rahola, y el de Agricultura, Industria y Comercio, Martínez de Velasco. Rafael Salazar Alonso y Sigfrido Blasco Ibáñez, los dos diputados inculpados en el dictamen, ocupan sus escaños habituales. En los escaños de las izquierdas se hacía notar la ausencia por enfermedad de Diego Martínez Barrio y, muy especialmente, la de Manuel Azaña, quien no acudió a la sesión a pesar de lo que en contra se había anunciado. Llamaba poderosamente la atención la presencia en las tribunas del público de algunos diputados —entre ellos, Manuel Aguillaumé^[140] y Juan Tirado—, adscritos a la minoría socialista, autoexcluida del Parlamento desde los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934.

Tras la lectura del dictamen, el presidente de la Comisión Parlamentaria, Gregorio Arranz, dio cuenta de cómo se había cumplido, y con la rapidez exigida, el encargo que le hizo la Cámara. Después, comenta que, tan pronto como fueron recibidos los documentos solicitados al fiscal, surgió la duda sobre si la Comisión tenía facultades para realizar la investigación y de hasta dónde se podría llegar en el uso de dichas facultades, en el caso de tenerlas. Arranz continúa su intervención y dice que la Comisión partía del supuesto de la no autenticidad de la denuncia y de que el denunciante se trataba de una persona insolvente. Por lo tanto, la Comisión no podía limitarse a recibir los documentos, sino que tendría que realizar las oportunas investigaciones, aunque evitando el peligro de caer en un trabajo minucioso que dilatara el breve plazo concedido por la Cámara.

Arranz dedicó la primera parte de su exposición a explicar las investigaciones realizadas, comenzando por las anomalías que se encontraron en el expediente abierto en la Dirección General de Seguridad para la autorización del juego de salón denominado Straperlo. Surgieron las primeras interrupciones cuando el presidente de la Comisión investigadora, de forma irónica, habló del dictamen técnico y del momento en que el juego fue examinado en el Ministerio de la Gobernación por el propio ministro, el subsecretario y otros altos funcionarios ministeriales. Continuaron las interrupciones al referirse a las gestiones realizadas por Sigfrido Blasco Ibáñez, del que dijo que se acercó a Samper, con quien mantenía unas cordiales relaciones, para pedirle que acogiera con benevolencia a Salazar Alonso cuando este le fuera a hablar del asunto del juego. Y se hicieron mucho más intensas cuando declaró que la Comisión había advertido en los funcionarios públicos señalados en la denuncia, falta de diligencia e incorrecciones; negligencias, en suma, que debían ser sancionadas para que les sirviera de lección en lo sucesivo.

Tras terminar su detallado relato de las investigaciones realizadas, Arranz manifiesta que a la Comisión no le competía atribuir cuáles eran los delitos que se juzgaban y estimaba que debían pasarse todos los antecedentes a los tribunales de justicia como ya lo había hecho el Gobierno para que, previas las investigaciones y la práctica de las diligencias oportunas, determine quiénes eran las personas responsables de estos hechos y adoptase las medidas procedentes, interviniendo, en su caso, las jurisdicciones especiales. El presidente de la Comisión concluye su intervención diciendo a la Cámara que si cree que el dictamen es justo lo vote y que si, por el contrario, lo estima producto de una ofuscación, lo rechace. En resumidas cuentas, Gregorio Arranz venía a decir que la Comisión parlamentaria no se atrevía a afirmar que en los hechos enjuiciados pudiera haber delito y que había actuado en conciencia y con vistas a una sanción moral, fundándose en los documentos, las declaraciones y las presunciones. En cuanto al Straperlo, la investigación concluía que esta ruleta no se encontraba entre los juegos prohibidos por el Código Penal, ni por el Código Civil, ni por ninguna otra disposición gubernativa.

El diputado radical por Valencia, Sigfrido Blasco Ibáñez, se levantó a continuación para leer unas cuartillas, produciendo una penosa impresión en la Cámara. Sin entrar en los cargos que se le imputaban, comenzó hablando de su contribución personal a la implantación de la República y declaró que durante toda su vida política había procedido siempre de acuerdo con las normas más estrictas de la equidad y de la justicia. Continuó diciendo que había hecho un examen de conciencia y no creía haber encontrado un solo hecho que le indujera al arrepentimiento. Su propósito de llevar a la Cámara el convencimiento de su inocencia le hizo narrar su intervención en los hechos, y concluyó diciendo que toda su participación en el asunto Straperlo se había reducido a recomendar una petición, como se recomiendan muchas, constantemente, por los hombres políticos.

El discurso que pronunció Rafael Salazar Alonso reveló con claridad la emoción que le embargaba. Orador fácil y de gran expresividad, el exministro de la Gobernación vio estas cualidades oscurecidas por el ambiente. Comenzó diciendo que comparecía ante la Cámara consciente de su posición aunque sin poder ocultar los sentimientos de su alma. Yo no me presento aquí —manifestó—, con jactancia ni con aire de reto. Me presento apesadumbrado por una grave acusación, porque aunque los motivos de la acusación se diluyan en la penumbra, quedarán siempre daños morales que son los que más afectan. A pesar del discurso poco lucido, sus palabras parecieron encontrar un eco de simpatía en el auditorio, siendo escuchado con atención por los diputados. Tampoco entró en el detalle de los cargos que se le imputaban, aunque negó con tenacidad que autorizara un juego ilícito, acusando a la Comisión de haber dado mayor verisimilitud a la cuartilla escrita a máquina sin su firma, que acompañaba al expediente Strauss, que a aquella otra de su puño y letra en que se negaba la autorización. Salazar Alonso, tras criticar el procedimiento seguido por la Comisión parlamentaria, reiteró una y otra vez su deseo de que fuese investigada su conducta en los cargos públicos que había ocupado, y pidió la rápida actuación de los tribunales para ser librado de aquella pesadilla en que las circunstancias le habían colocado. El ex ministro pregunta si es que una vida como la suya, entregada al servicio público, no puede pesar en el ánimo de la Comisión cuando hace una afirmación y la jura, frente a la que hace un hombre insolvente, aventurero e indeseable. El diputado radical concluye su discurso diciendo a la Cámara que confiaba en su rectitud y en aquellos estímulos de conciencia que se habían invocado por el presidente de la Comisión. Parecía tan clara la inocencia del ex ministro en el asunto Strauss, que hasta el propio diario El Socialista hacía tiempo que lo había exculpado^[141]. Hablé, bajo la más dolorosa impresión, con aquel sentido trágico con que habla el inocente cuando no tiene ni siquiera hechos que desvirtuar^[142], dejará escrito el ex ministro.

Gregorio Arranz, recogiendo la alusión hecha por Salazar Alonso a la Comisión, da lectura a la carta dirigida a Strauss por Eduardo Benzo en la que se dice que había sido autorizado el uso del aparato Straperlo en San Sebastián. Sigue diciendo Arranz que cuando la Comisión preguntó a Benzo si la copia de la carta era auténtica, este contestó afirmativamente y añadió que la había escrito en virtud de órdenes emanadas del Ministerio de la Gobernación. Gregorio Arranz termina afirmando que la Comisión no ha dado más fe al testimonio de Strauss que al de Salazar Alonso.

Hasta la intervención de Salazar Alonso la sesión se venía desarrollando en un tono medio que demostraba el anhelo, tanto por parte de las derechas, como de las izquierdas, de no dar lugar a excesivos incidentes de violencia verbal. Con la intervención de Santiago Fuentes Pila el debate subió de tono. El diputado que representaba en la Comisión Parlamentaria a Renovación Española, declaró que en el fondo del asunto Strauss latía una evidentísima responsabilidad moral para los hombres que ocupaban el Gobierno en el verano de 1934 y para Alejandro Lerroux, quien se veía envuelto en la gravísima denuncia por la inculpación de que era objeto su hijo adoptivo.

Fuentes Pila consiguió el aplauso de la Cámara cuando explicó las normas de un buen gobierno en el caso de que se presentara un sujeto desconocido con la pretensión de que un ministro lo escuche:

«Es cosa cierta que el Sr. Strauss hizo una petición oficial para que se le autorizara el uso de su aparato de juego. Y yo digo que antes de entrar en análisis técnico-jurídicos del aparato por la Administración, y de si este responde o no al criterio que por los técnicos se tuviera de lo que son aparatos de juego de azar, o si encajaba o no en la legislación vigente, todo aquel que tuviera sentido de lo que la Administración pública debe hacer al recibir este tipo de solicitud por un extranjero, sabe que debió tomarse una elemental precaución: averiguar la verdadera personalidad, la solvencia de ese individuo. Por eso, yo dije en la ponencia que debía averiguarse en la Dirección de Seguridad si de este individuo constaban antecedentes. Practicadas estas averiguaciones en la Dirección de Seguridad se comprobó que no había nada, ni la menor referencia sobre Daniel Strauss. Y ese expediente debía haber comenzado por la relación en que constaran las investigaciones hechas en este sentido para conocer su personalidad».

Tras afirmar que él no había visto que ninguno de los funcionarios inculpados se hubiese preocupado, poco ni mucho, de la personalidad del aventurero, Fuentes Pila concluye: Si de esto se quiere hacer un descargo para los inculpados, la pretensión es insólita porque se convierte en un verdadero cargo.

Aludió Fuentes Pila a las autorizaciones de juego en el Hotel Formentor durante la gestión de Eloy Vaquero al frente del Ministerio de la Gobernación, confesando que en la comisión había votado para que el ex ministro fuera incluido en la lista de inculpados. El diputado monárquico recordaba a la Cámara que en el Hotel Formentor se había jugado y que el gobernador civil de Baleares no hizo nada hasta que el hecho fue denunciado por un diputado a Cortes y que, a pesar de ello, Eloy Vaquero no tomó ninguna medida. Yo creo que en la lista de los hombres que han ejercido cargos públicos o políticos y en los que ha de recaer una sanción moral, debe figurar el señor Vaquero, manifiesta Fuentes Pila.

Tras hacer una defensa calurosa de las autoridades militares, a las que Strauss en su denuncia parecía querer implicar en la autorización del juego en Baleares, el diputado de Renovación Española se dirige al banco azul para preguntarle al ministro de la Guerra si las autorizaciones de juego pertenecían a la Ley de Orden Público y, por tanto, al gobernador civil, aún en los casos de estado de guerra, a lo que Gil Robles contesta afirmativamente.

Esta última parte de la intervención de Santiago Fuentes Pila estaba relacionada con la autorización del juego en Mallorca, donde, al parecer, había surgido una confusión de competencias entre la autoridad civil y la militar a causa del estado de guerra que había sido declarado con motivo de los sangrientos sucesos de Asturias. El general Francisco Franco Bahamonde ^[B127], quien ocupaba el puesto de comandante militar de Baleares durante aquellos días de diciembre de 1934 —fecha en que estuvo funcionando el Straperlo en el Hotel Formentor—, al verse aludido en la denuncia de Strauss envió una carta al director del diario La Nación. La carta apareció publicada en dicho periódico el 28 de octubre, precisamente el mismo día en que se debatía en las Cortes el dictamen de la Comisión:

La intervención de José Antonio Primo de Rivera, por sus apasionadas palabras y por su contundencia acusadora, causó una gran sorpresa en la Cámara. Comenzó diciendo que aunque la discusión estaba terminando, esta aún no había alcanzado todavía su debido volumen. De todos estos hechos se desprende y no hay que andarse con rodeos, pues me importa muy poco promover aquí un escándalo —dice el jefe de Falange Española—, que hay un caso clarísimo de descalificación de un partido político. Ni más ni menos: la descalificación de un partido político que es el Partido Republicano Radical. Tras el estruendo que sus primeras palabras provocan en la banca de los radicales, Primo de Rivera continúa refiriéndose a la defensa que Salazar Alonso ha hecho de su actuación en el asunto Straperlo:

«Hemos estado escuchando al señor Salazar Alonso. Todos conocemos al señor Salazar Alonso, y estamos todos, probablemente, inclinados a creer en su inocencia. El señor Salazar Alonso ha hecho una defensa torpísima; nos ha querido hacer creer que el gobernador de Guipúzcoa, que el subsecretario, todo el mundo, daba autorizaciones de juego sin que él, ministro de la Gobernación, se enterase. El señor Salazar Alonso, que tuvo en su despacho del Ministerio aquel juego, que ya no recuerdo cómo se llama, pero que consiste en un simulacro de ruleta; el señor Salazar Alonso no ha tenido siquiera el valor de negar de frente una sola de las imputaciones, sino que viene señalando defectos procesales en la tramitación, como si estuviéramos en un juicio verbal y, sin embargo, debajo de toda esa debilidad de defensa rezumaba como una especie de sinceridad, como una especie de verdad en la honradez íntima del señor Salazar Alonso. Pero quedaron en el ánimo de todos estas dos verdades: primera, que probablemente el señor Salazar Alonso no había obtenido el menor beneficio de todo este asunto; segunda, que el señor Salazar Alonso había faltado a las normas de una buena ética política en la tramitación de este asunto. ¿Qué hay para que el señor Salazar Alonso, que no ha recibido, si acaso, más que ese modesto regalo de un reloj, con el que no se soborna a ningún ministro de la Gobernación, accediese a estas maquinaciones en que entra el holandés a quien descalificáis, pero con el que habéis estado tratando cuatro meses, y el hijo adoptivo de don Alejandro Lerroux, y don Sigfrido Blasco, y todas esas personas? ¿Qué aparece aquí? Pues aparece, sencillamente, el reflejo de un clima moral que solo existe en estos momentos en el partido radical de que formáis parte».

Tras animar a los radicales honorables a saltar como las ratas saltan del barco que naufraga, Primo de Rivera continúa: este partido, empezando por su jefe, tiene que desaparecer de la vida pública. Más adelante apostilla: ¿quién ha dicho que las colectividades no delinquen? El Straperlo no es ni más ni menos que la descalificación de todo un partido político. Y ese partido es el que acaudilla el señor Lerroux. También son destinatarios de las palabras del líder falangista los socios de los radicales en el Gobierno:

«Además, señor ministro de la Guerra, y vosotros (señalando a los de la minoría popular agraria), los que os sentáis en esos bancos, con los que he contendido muchas veces, pero en los que tengo muy buenos amigos y en los que hay un instrumento de gobierno para España y, si queréis, para la República; vosotros y su señoría, señor ministro de la Guerra, que sabe cuán profundos son el afecto, el respeto y la admiración que le profeso, tenéis que pensar en esto: que ya ningún partido español podrá ir nunca en alianza electoral ni política con el partido radical, porque el partido radical está descalificado ante la opinión pública».

Tras la intervención de Primo de Rivera pidió la palabra Alejandro Lerroux, quien dejaría escrito en sus memorias el padecimiento sobrellevado aquella tarde: Hubo que soportar la innoble comedia de siempre. A cambio de algunas intervenciones de buena fe, presentáronse al palenque como ángeles exterminadores de la inmoralidad y fiscales de la pureza, algunos miserables de esos que trafican con todas las ideas y se ponen al servicio asalariado de todas las infamias… En dos horas viví cien años^[143]. Lerroux, sin querer entrar en el fondo del asunto y diciendo que él no se presentaba en la Cámara para hacer de: Guzmán el Bueno, manifiesta que la Comisión no ha dicho nada en el dictamen que se refiera a su participación en los hechos que se debatían y que, por ello, nada tenía que decir sobre los mismos. Pero afirma que sí le importa decir que pensando en la República, en la Patria, en el orden público y en tantos intereses, no ha de entrar en detalles de ninguna clase. Y sigue: Cuanto se ha dicho referente al Partido Radical como colectividad, ahora no es el momento de rechazarlo pero, en su día, cuando haya perdido la independencia que no se puede tener desde el banco azul, será el momento de tratarlo, así como de analizar y pedir cédula de vecindad y moral a aquellos que lo han combatido. Lerroux continúa su discurso rehuyendo cualquier discusión:

«En este asunto hay más que nada pasión política. La pasión política no siempre se puede mantener a la altura de la nobleza. Pero prometo que he de recoger cuantos ataques se han hecho y devolver una por una las ofensas que se nos han inferido y uno por uno los agravios, pero no con adjetivos, sino con hechos. El Partido Radical, sin perjuicio de lo que acuerden en su día los tribunales, tomará con referencia a las personas los acuerdos que cumplan y satisfagan a su conciencia. Para eso no necesita el partido estímulos de nadie, porque no ha sido la primera ocasión en que el Partido Radical, con todo el dolor de su corazón, ha cumplido lo que disponía el deber. Pero no por eso se debe esperar que el partido se doblegue a las intrigas políticas porque, en efecto, intriga política existe».

Tras aludir a su inminente salida del Gobierno, Lerroux manifiesta que el banco azul no sería para él una barricada ya que, si había querido llegar hasta aquel momento en su puesto de ministro, se debía a su deseo de no rehuir responsabilidades. Concluyó pidiendo solidaridad a todos para que pudiese continuar el bloque gubernamental, la única solución posible con estas Cortes y en los actuales momentos.

El diputado radical Andrés Orozco, tras manifestar que la pena que se proponía para los señores relacionados en el dictamen era de una gran gravedad, dice que no se pueden imponer sanciones sin oír la defensa de los inculpados, y acusa a la Comisión de haber englobado a todos sin personalizar y sin concretar la intervención de cada uno.

Manuel Iglesias Corral, representante en la Comisión por el grupo Republicano Independiente, contesta al diputado Orozco diciendo que se habían considerado como suficientes las manifestaciones de los inculpados sometidos a interrogatorio, concluyéndose de sus declaraciones una patente falta de ética en las negociaciones que se hicieron para conseguir la autorización del Straperlo. Termina afirmando que la Comisión sí ha escuchado a los inculpados.

En una corta intervención, Miguel Maura afirma que la opinión pública ya había emitido su fallo en el asunto del Straperlo. Por esta razón manifiesta a la Cámara que no debe limitarse a votar el dictamen a favor o en contra, sino que era necesario acabar con el debate para votar y aprobar lo que el dictamen propone y dejar el camino libre a la actuación de la justicia. Breve es también la intervención del presidente del Consejo. Chapaprieta da la razón a Maura al manifestar que el debate debe terminar rápidamente para dejar expedito el camino a los tribunales de justicia. Tras pedir que cada minoría deje libertad a sus diputados para votar en conciencia, Chapaprieta, no obstante, dice que el Gobierno opina como el dictamen y que, por ello, ya se había decretado en un Consejo de ministros celebrado aquella misma mañana el cese de los funcionarios implicados.

La intervención de Gil Robles, seguida con un vivísimo interés por todo el Parlamento, remató el punto álgido del debate. El jefe de la CEDA comienza diciendo que de buen grado no hubiera intervenido en este debate pues consideraba suficientes las palabras del jefe del Gobierno; pero las alusiones dirigidas a su persona y a su actuación política le habían obligado a dirigirse a la Cámara. Al proponer que se constituyera una Comisión investigadora —dice Gil Robles—, no nos animó otro deseo que cumplir la demanda de la opinión pública que pedía un esclarecimiento de los hechos. Continuando con su discurso, Gil Robles manifiesta que, para unos, el asunto Strauss se trata de un chantaje vulgar y, para otros, es una maniobra política a la que deben responder los que teniendo desde hace meses en su poder ciertos papeles, callaron con el ánimo de utilizarlos en el momento oportuno para su propósito de romper el bloque gobernante, en beneficio de la revolución a quien sirven y cuyos representantes no tienen el valor de venir a sentarse en estos bancos. Gil Robles elogia el trabajo realizado por la Comisión y dice estar conforme con el dictamen, coincidiendo con Maura y Chapaprieta en que hay que acabar pronto el debate y dejar vía franca a la actuación de la justicia.

El jefe de la CEDA continúa afirmando que no hay más presuntos acusados que los que categóricamente nombra el dictamen de la Comisión, y manifiesta su satisfacción porque, entre ellos, no figure ninguno de los que hoy se sientan con nosotros en el banco azul. Una vez resueltos los procesos políticos que puedan producirse y depuradas o en camino de depuración total las responsabilidades que existan —dice Gil Robles—, será necesario aclarar cuál ha sido la actitud de cada cual en este asunto. Ese momento llegará muy pronto —continúa—, porque es necesario que hablen los que aún no han hablado, los que desde hace algún tiempo tenían en su poder papeles acusatorios y los guardaron utilizándolos como instrumento de una maniobra política, invocando una moralidad que no supieron poner en sus actos. Y concluye: Vamos a ver quiénes son los que callaron con el ánimo de hablar cuando conviniera a sus intereses políticos.