COSTOSAS OMISIONES

Los primeros focos rojos que apuntaban a irregularidades graves de estas compañías se encendieron en 2004. Continental Serv concursaba en la licitación internacional TLC 18575041-024-03 para el mantenimiento preventivo y correctivo a las motobombas contra incendio en las instalaciones petroleras de la Región Marina Suroeste. En el proceso la empresa fue descalificada porque no cumplía con los requerimientos técnicos, aunado a que para concursar incluyó en su propuesta documentación apócrifa. A pesar de lo anterior, Continental Serv presentó en la SFP una inconformidad porque no había ganado el contrato (expediente CI-S-PEP-0165/2004). Para sustentarla, exhibió de nuevo documentación apócrifa con sellos y logos falsos de Pemex que supuestamente constituían una parte de la licitación. En abril de 2004 la SFP declaró infundada la inconformidad, que a nombre de la compañía atendió un abogado llamado Alexandro Rovirosa Martínez, a quien se ubica como mano derecha de Omar Vargas.

En abril de 2006, contratistas de Pemex denunciaron ante la SFP que funcionarios de la paraestatal otorgaban millonarios contratos a las compañías de Vargas, a pesar de que operaban fuera de la ley (expediente DE-058/2006), y de que los precios de sus propuestas eran irreales e insolventes tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los contratistas señalaron que las compañías recibían información confidencial previa de las propuestas económicas del resto de las licitantes para ofrecer un precio más bajo y que de esta manera se justificara su adjudicación.

Sin embargo, los encargados de la investigación se limitaron a solicitar a los funcionarios de Pemex una relación de los contratos otorgados a las empresas denunciadas (True Service, Red Constructions, SIA Talleres, VC Internacional y Marrob), pero el informe les fue enviado por los mismos funcionarios que adjudicaron los contratos justificando lógicamente su asignación. Sin más, los representantes de la SFP argumentaron no haber encontrado elementos para investigar y cerraron el caso. Para entonces, las compañías de Vargas habían facturado 172 millones 536 mil 817 pesos.

En julio de 2006 los funcionarios de PEP declararon a Marrob ganadora de la licitación 18575099-003-2006, en la que supuestamente concursó mediante una propuesta conjunta con American Block Manufacturing Company, una empresa de Houston.

Antes, la American Block había realizado algunos trabajos de equipos de perforación para Pemex, a través de la empresa Unicornio Proveedora Industrial, en Tampico. Sin embargo, según su director general, nunca tuvo tratos con Marrob. En noviembre de 2006, cuatro meses después de que se anunció el fallo del contrato a favor de Marrob y American Block, Rajani Shah, presidente de la compañía texana, envió una notificación a directivos de Pemex donde les alertaba sobre el fraude:

American Block alertó a Pemex sobre supuesto fraude de Marrob.

Para esa licitación, Marrob presentó supuestos convenios privados entre ambas compañías, en los que —entre otros asuntos— un hombre llamado Jack Franklin, de origen texano, otorgaba poderes al mexicano Juan Carlos Mendoza como representante de American Block en México, para gestionar contrataciones con Pemex. Los referidos convenios fueron validados por un notario de Veracruz, aunque, de acuerdo con Rajani Shah, eran apócrifos. La razón de utilizar el nombre de American Block, según las cláusulas contractuales, era para acreditar la capacidad técnica de la propuesta.

Con esa documentación, el 31 de agosto de 2006, Abelardo Córdova Hernández, gerente de Perforación y Mantenimiento de Pozos, firmó con Marrob el contrato 421226817 por 57 millones 994 mil pesos, para realizar trabajos de mantenimiento en los equipos de perforación de diversos pozos petroleros de septiembre de 2006 a julio de 2009. Esta maniobra contó con la aprobación técnica del superintendente Ángel López y el aval de José Tomás Humann, subgerente de Administración,

Las acusaciones de American Block en contra de Marrob supondrían motivo suficiente para cancelar el contrato, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM). Sin embargo no ocurrió así, los funcionarios de Pemex argumentaron que no había certeza de que Rajani Shah fuera en realidad presidente de la compañía norteamericana.

Mediante este tipo de prácticas, y sin acreditar capacidades técnicas para desarrollar actividades medulares en la industria petrolera, en los años subsecuentes las compañías domiciliadas en la colonia Tamulté siguieron recibiendo contratos por montos cada vez más altos, como se puede ver en la siguiente tabla:

Fue hasta 2009 cuando la SFP revisó 27 de los contratos otorgados a Marrob, TR del Golfo, Continental Serv, VC International, Mantenimiento y Control del Sureste, McAllen Oilfield Supply, Suministros Industriales del Sur y True Services. Las auditorías de la dependencia comprobaron que en todos ellos se usó documentación fiscal y administrativa apócrifa.

“Las afianzadoras no tenían registrado ninguno de los códigos de seguridad”, explica Rogelio Aldaz Romero, el funcionario de la SFP que como director general de Inconformidades emitiría en 2010 la inhabilitación de las empresas por un periodo de tres años y tres meses. Ese mismo año, los señalamientos contra las compañías llegaron a la Procuraduría General de la República (PGR). La SFP las denunció penalmente por el delito de fraude.

Fianzas apócrifas presentadas ante Pemex.