RESPONSABILIDAD EN MARINA NACIONAL

 

En 2005, dentro de los proyectos de infraestructura para el combate al mercado ilícito de combustible, la SHCP aprobó recursos para el proyecto Control Electrónico en Estaciones de Servicio, cuya finalidad era combatir tanto el lavado de dinero como la venta ilegal de hidrocarburos, dado que al interior de las oficinas corporativas de la paraestatal se tenía claridad de que gran parte de lo que se le ordeña a Pemex en pipas o tomas clandestinas se comercializa en las franquicias oficiales.

Con equipos de monitoreo e impresoras rápidas de matriz se consignarían los datos relativos tanto al registro de volúmenes recibidos para su venta por parte de Pemex Refinación, como al de los volúmenes vendidos. De esta manera se detectarían ventas que no correspondieran con las compras efectuadas a Pemex, y también hidrocarburos adulterados.

Mediante la instalación de software compartido Pemex Refinación contaría de manera permanente con los datos volumétricos del combustible manejado por cada franquicia. Los franquiciatarios que instalaran los sistemas tendrían, de entrada, créditos fiscales para el cambio de dispensarios y la instalación del software, además de márgenes de comercialización más altos. Sus gasolineras se identificarían con el nombre de Cualli, vocablo náhuatl que significa “lo más, lo mejor, servir bien”.

Con el Cualli las gasolineras finalmente cumplirían con las disposiciones hacendarias de reportar sus controles volumétricos. Con los datos compartidos, desde sus oficinas en Marina Nacional, Pemex observaría el comportamiento en las ventas de cada estación y si sus inventarios coinciden con las compras que le hacía. Esta misma información es la que la Secretaría de Hacienda cotejaría con la documentación fiscal. El sistema prometía ser un medio bastante efectivo para que Pemex tuviera los ojos puestos en cada uno de sus asociados franquiciatarios.

Con tales controles parecía imposible, o por lo menos poco probable, que una gasolinera lavara dinero o comercializara los combustibles robados; sin embargo, tales prácticas continuaron. El problema no era el sistema, sino su aplicación y vigilancia por parte de los funcionarios y las autoridades responsables.

En 2006, una auditoría (3004/06) elaborada por la contraloría interna en Pemex Refinación encontró que la Subdirección Comercial, que a su cargo tiene la administración y el manejo de la red comercial de franquicias Pemex, operaba un sistema de control interno que “no es congruente con las disposiciones legales en la materia”, y que había una “deficiente administración de la documentación de los expedientes de las estaciones de servicio, estaciones de autoconsumo y constancia de trámite que se encuentran bajo custodia de la Subgerencia de Ventas”.

Ante la misma contraloría hubo quejas en el sentido de que a cambio de un pago mensual, supuestamente los funcionarios de Pemex Refinación le permitían a algunos franquiciatarios desconectarse del sistema cuantas veces quisieran.

Contralores del área confirman que en la práctica muchos franquiciatarios manejan la información de sus controles volumétricos sin la supervisión debida de los funcionarios de Refinación. Así, sin más, simplemente se desconectan del sistema. Es en estos momentos de desconexión, explican los contralores, cuando ocurren las descargas de hidrocarburo adquirido de forma irregular.

 

El cártel negro
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